El fracaso de la economía planificada de Venezuela

Las calles de Caracas se encuentran enfrentadas entre los que siguen apoyando al Gobierno y los que piden su dimisión. De esta forma lleva dividida la sociedad venezolana en los últimos años, y cuyo detonante ha sido la escasez de productos básicos, además del clima de inseguridad ciudadana y de represión política. La economía de Venezuela muestra de esta manera las debilidades de un modelo puesto en marcha en 1999 y que en este artículo nos proponemos analizar.

La política económica que lleva aplicando Venezuela en los últimos años (caracterizada por una fuerte intervención del Estado en detrimento del sector privado) ha tenido como objetivo principal impulsar el crecimiento económico estimulando la demanda agregada, con el añadido de políticas redistributivas que permitieran una distribución más igualitaria de la renta. Para conseguirlo, el Gobierno confió en una política fiscal claramente expansiva. Pero para financiarla necesitaba unos recursos financieros que no tenía y que tampoco podría conseguir aumentando la presión fiscal.

Para financiarse, las autoridades venezolanas decidieron aprovechar la abundancia de petróleo en el país y nacionalizar las empresas del sector. Se estableció así una fuerte dependencia entre el sector petrolífero y la economía venezolana, ya que ésta iba siendo cada vez más controlada por el Estado, y éste a su vez dependía de las exportaciones de crudo para no entrar en déficit.

El análisis de los datos permite concluir que la economía venezolana experimentó un periodo de crecimiento en el periodo 1999-2012 (aunque ciertamente afectado por la contracción del comercio internacional en 2009), con saldos comerciales positivos y un aumento continuado tanto de las exportaciones como de las importaciones, lo cual suele ser un claro indicador de los procesos de apertura económica (a pesar de que en Venezuela este fenómeno se haya dado solamente en el comercio, y no en otras áreas como los mercados financieros y de capitales). Desde 2013 la tendencia se invierte y se reducen las ventas en el extranjero, lo cual supone disponer de menos divisas para financiar las compras. Es así como se puede observar una reducción de las importaciones y exportaciones, y por lo tanto una economía cada vez más cerrada.

Sin embargo, a pesar de las tendencias enfrentadas de los periodos 1999-2012 y 2013-2015, hay dos procesos que permanecen invariables a lo largo del tiempo. El primero es el protagonismo creciente del sector público en las exportaciones, y el segundo es la dependencia cada vez mayor del petróleo (que ya suponía el 91,63% de las ventas exteriores en 2015). Teniendo en cuenta que la nacionalización del sector acabó con las exportaciones privadas petroleras en 2008, los datos muestran un sector privado deficitario (como demuestra el hecho de que sus importaciones superan con creces a las exportaciones) y cada vez más estrangulado por la intervención del sector público.

Del mismo modo, el fortalecimiento del Estado ha provocado graves problemas de déficit, ya que el sector privado en Venezuela ha sido tan castigado por las regulaciones que ya apenas es capaz de sobrevivir. Se entra así en un círculo vicioso donde un aumento de los impuestos o una regulación más restrictiva destruye empleo y riqueza en el sector privado, y el Estado decide aplicar políticas fiscales expansivas para impulsar la demanda y compensar este retroceso: es lo que muchas autoridades políticas llaman “redistribución”. El problema es que estas medidas necesitan financiarse de alguna forma, que siempre acaba siendo más impuestos que alimentan un círculo vicioso de impuestos altos y necesidad de políticas fiscales expansivas. Esto es lo que ocurre actualmente en Venezuela y lo que, unido a la inseguridad jurídica, ha disparado el coste de financiación del país en los mercados internacionales con los CDS más caros del mundo (56,79% del capital invertido, superando incluso a países en guerra civil como Ucrania o rescatados tres veces como Grecia).

En otros países tal vez la insostenibilidad de la deuda y la imposibilidad de seguir aumentando la presión fiscal hubieran obligado al Gobierno a rectificar. En Venezuela, en cambio, no ha sido así, y las autoridades han confiado en la monetización del déficit para mantener las políticas de gasto público. El efecto más visible fue un crecimiento descontrolado de la inflación, que en 2015 llegó al 108,20% anual (en cifras del Banco Central de Venezuela, posiblemente la inflación real es incluso mayor). A su vez el aumento de los precios provocó desabastecimiento, con un claro deterioro de la calidad de vida de la población. El Gobierno ha intentado paliar la escasez de productos básicos con medidas de racionamiento y control de precios, pero los resultados hoy son muy limitados. Además, la inflación ha llevado a Maduro a establecer tres tipos de cambio oficiales, provocando precios desproporcionados en muchos alimentos.

En conclusión, podemos decir que los niveles de inflación y de deuda en Venezuela son ya prácticamente insostenibles. El modelo de crecimiento basado en la redistribución y el petróleo puesto en marcha desde 1999 por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro había sido capaz de generar crecimiento hasta 2012, pero es éste mismo el responsable de la recesión actual: las leyes económicas establecen que las políticas fiscales expansivas solamente funcionan en economías cerradas. El mismo gobierno ha contribuido al fracaso de sus propias políticas económicas, con el agravante de que las exportaciones se han concentrado en un solo producto cuyos precios han caído a mínimos históricos (siguiendo así el camino opuesto al de otros países petroleros como México).

La situación actual de Venezuela, incluso a nivel social, es ciertamente muy difícil. Las políticas fuertemente ideologizadas de las autoridades, al igual que en Argentina y otros países de América, han fracasado ante la dinámica que dictan las leyes económicas. La cuestión ahora está en la capacidad de los políticos venezolanos para rectificar en sus errores.