Intervencionismo económico y bienestar social: la gran paradoja española

En los últimos años el crecimiento de la economía española convive con un deterioro del bienestar de la población. Ante la variedad de explicaciones al respecto, analizamos si las soluciones pasan por una mayor intervención del Estado o por mercados más libres.

El crecimiento del PIB español es aún insuficiente para mejorar la calidad de vida de la población. Ésa es la conclusión que podría extraerse del informe sobre la situación del empleo y bienestar en la UE publicado por la Comisión Europea el pasado 17 de junio. En dicho documento, las autoridades europeas advierten que la sociedad española sufre de un elevado riesgo de exclusión (28,6%, en niveles similares a Grecia), de precariedad laboral (con una de las tasas de temporalidad más altas, alrededor del 26%) y de desempleo juvenil (44,4%). Estos datos contrastan con la última Encuesta de Población Activa (EPA), que señala la buena salud del mercado laboral español, con la creación de 370.000 puestos de trabajo en el segundo trimestre del año y una fuerte caída del desempleo al 17,2%, el mejor dato desde 2009.

La economía española se encuentra, por tanto, ante una extraña paradoja: encabeza el ránking europeo de crecimiento y de creación de empleo, pero está en las últimas posiciones en los indicadores de bienestar social. La situación sería más fácilmente entendible si se tratase de un crecimiento con poca repercusión en el empleo, pero éste no parece el caso de España. Por tanto, existen dos explicaciones posibles: o bien el modelo productivo es eficiente, pero faltan mecanismos adecuados (fuera del mercado) para distribuir la riqueza que genera, o el propio mercado como sistema de asignación de recursos sufre graves carencias. En este artículo analizaremos ambas posturas.

Primera explicación: el Estado no interviene lo suficiente

Son muchos los puntos de vista ante el mal desempeño de España en los indicadores sociales mencionados. Uno de ellos, compartido por gran parte de la opinión pública y de la clase política, sostiene que el deterioro del bienestar social y el aumento de las desigualdades ha sido posible debido a la insuficiencia de los mecanismos de redistribución de riqueza que sí existen en otros países del entorno europeo. Según esta postura los mercados en España, lejos de garantizar una distribución equitativa de los recursos, se han convertido en la fuente de desigualdades injustas que deben ser corregidas por el Estado, especialmente a través de políticas fiscales expansivas.

La argumentación de quienes piden una intervención más activa del Estado en la economía se basa en buena medida en que España es uno de los países de la UE con menor presión fiscal sobre el PIB, como podemos observar en la gráfica. De esta manera, la insuficiencia de los recursos tributarios disponibles sería un freno para una expansión del gasto público orientada a mejorar el bienestar social, mientras que el nivel reducido de presión fiscal dejaría más recursos en manos de los contribuyentes de rentas más altas, aumentando así las desigualdades. Por el contrario, los países que cuentan con economías más intervenidas (Finlandia, Francia, Dinamarca) disfrutan también de una posición sensiblemente mejor en los indicadores de bienestar. El ejemplo más claro son los países escandinavos, los cuales lideran el ranking europeo en bienestar social y PIB per cápita a la vez que sus Estados juegan un papel esencial en la actividad económica.

La conclusión, según los defensores del intervencionismo, es clara: para que España pueda mejorar su bienestar social, debería poner en marcha políticas fiscales redistributivas más ambiciosas y, naturalmente, el consiguiente incremento del gasto público debería ser financiado por un esfuerzo tributario mayor. Por otra parte, la diferencia entre la presión fiscal española y la de sus vecinos europeos podría demostrar que existe un amplio margen para subir impuestos sin comprometer el crecimiento del sector privado y que el nivel de tributación se encuentra aún lejos del punto más alto de la curva de Laffer.

Una explicación alternativa: el Estado asfixia la iniciativa privada

Existe también una lectura radicalmente opuesta a la anterior: la economía española no es capaz de alcanzar los niveles de bienestar europeos porque existen factores ligados a la intervención estatal que dificultan (cuando no impiden) el libre funcionamiento de los mercados, y en consecuencia éstos podrían encontrarse con serios problemas a la hora de optimizar la riqueza disponible. A su vez, la ineficiencia en la asignación de recursos se traduciría en inequidad en su distribución, lo cual explicaría la poca capacidad de la economía española para mejorar su bienestar social a pesar de disfrutar de unas tasas de crecimiento económico realmente excepcionales.

Parece realmente preocupante que esta desventaja sea más acusada en los aspectos fundamentales de toda economía en fase de recuperación: el emprendimiento, la inversión privada y la legislación laboral.

Por tanto, los defensores de una menor intervención del Estado en las decisiones económicas de los ciudadanos argumentan que, como podemos apreciar en la gráfica, la economía española disfruta de una libertad relativamente menor que sus vecinos europeos. En este sentido, parece realmente preocupante que esta desventaja sea más acusada precisamente en los aspectos fundamentales de toda economía en fase de recuperación: el emprendimiento, la inversión privada y la legislación laboral. Sin embargo, tampoco deja de sorprender que incluso en áreas donde tiene un mayor peso la regulación de la UE y el margen de actuación de las autoridades nacionales es más acotado (como el sector financiero o los mercados monetarios) también pueda observarse un cierto déficit de libertad.

De esta manera, el verdadero freno al avance del bienestar social serían las trabas a la iniciativa empresarial, y la intervención pública en la economía española, lejos de solucionar sus ineficiencias, solamente contribuiría a agravarlas. Nos encontraríamos así con el ejemplo (comentado en artículos anteriores) de Irlanda y España, con modelos de crecimiento casi antagónicos y tendencias opuestas en sus respectivos Índices de Gini. La paradoja está en que, en contra de lo que podría esperarse en un principio, es en la economía hiberna (la menos intervenida) donde se reducen las desigualdades sociales, mientras éstas se profundizan en la hispana (a pesar de su apuesta por las políticas públicas).

La concesión de derechos y privilegios de forma discrecional por parte de las autoridades habría supuesto mejorar la situación de determinados grupos de trabajadores a costa de aumentar la precariedad de otros.

De hecho, los economistas partidarios de una mayor libertad económica argumentan que con frecuencia la intervención estatal en la economía suele generar problemas más graves que los que en principio pretende solucionar. En el caso español, la rígida dualidad del mercado laboral (trabajadores públicos contra privados, indefinidos contra temporales, etc.) podría haber obligado a que el peso del ajuste de la economía recayese solamente sobre los sectores menos protegidos por la regulación estatal. De esta manera, la concesión de derechos y privilegios de forma discrecional por parte de las autoridades (en lugar de provenir del mercado, como consecuencia natural del aumento gradual de la productividad) habría supuesto mejorar la situación de determinados grupos de trabajadores a costa de aumentar la precariedad de otros. El resultado, por tanto, sería un modelo de crecimiento económico capaz de aumentar el PIB pero con escasa repercusión en la vida de los ciudadanos más desfavorecidos.

Conclusión: una economía a la espera de reformas

Más allá de la diversidad de opiniones al respecto, es indudable que la economía española se encuentra en un fuerte ciclo expansivo, y que la propia inercia del aumento del PIB tiende a mejorar el bienestar social a largo plazo. El problema, quizás, reside en la lentitud de esta dinámica en comparación con otros países del entorno europeo que crecen a tasas más modestas. Las reformas, por tanto, parecen inevitables, especialmente si se cumplen las previsiones económicas para los próximos años y el crecimiento se estabiliza en niveles más bajos, aunque igualmente superiores a la media comunitaria.

Por otra parte, la evidencia que se presenta en ocasiones para defender las posturas al respecto tampoco está exenta de problemas. Sin ir más lejos, son muchos los economistas que cuestionan la utilidad de la presión fiscal para medir el grado de intervención en una economía, ya que se trata simplemente de un ratio entre la recaudación tributaria y el PIB. De esta manera, un país con altos niveles de fraude fiscal o de economía sumergida, por ejemplo, podría presentar niveles artificialmente bajos aunque sus contribuyentes se vean sometidos a una carga tributaria mayor. Precisamente, éste podría ser el caso de España: según un estudio publicado en julio por el think tank Civismo, la presión fiscal media de las empresas españolas (entendida como la suma total de impuestos pagados sobre beneficios brutos) se sitúa en el 49%, 9 puntos por encima de la media europea (a pesar de presentar una presión fiscal menor sobre el PIB).

Además, con frecuencia se olvida que la política fiscal no es el único instrumento en manos del Estado para intervenir en la economía. Por el contrario, las autoridades disponen de amplias competencias para regular la vida económica sin necesidad de recurrir a las arcas públicas. En este sentido, son numerosos los estudios que señalan que la actividad empresarial española sufre innumerables trabas a causa de un marco legal complejo, continuamente cambiante y además dispar a nivel territorial. Eso sin contar la consiguiente distorsión de los mercados, como podría estar ocurriendo, por ejemplo, con una legislación laboral que incentiva artificialmente la contratación temporal en detrimento de la indefinida.

Precisamente por este motivo, los defensores de aumentar la intervención estatal en la vida económica española argumentan que el origen del déficit de libertad se encuentra en una excesiva actividad regulatoria, y no en una presión fiscal excesivamente alta. En algunos casos, sus propuestas pasan por incrementar la carga tributaria de los ciudadanos a la vez que se simplifican las normas que regulan la economía. Esto permitiría llevar a cabo políticas redistributivas más amplias y a la vez mejorar el funcionamiento de los mercados, como podríamos ver en países de gran bienestar social como Holanda o Suecia. Sin embargo, estas ideas tampoco están exentas de polémica al suponer que una política fiscal redistributiva no distorsiona la toma de decisiones en el mercado, lo cual es ampliamente discutible.

En cualquier caso, lo cierto es que las necesidades actuales en materia de consolidación fiscal (recordemos que España todavía se encuentra bajo el Protocolo de Déficit Excesivo establecido por la UE) hacen necesario un saneamiento continuado de las arcas públicas para el cual posiblemente no bastará con confiar en el mero crecimiento del PIB. En este sentido, si bien es cierto que en el periodo 2010-2013 se llevaron a cabo recortes presupuestarios dirigidos a reducir el peso del Estado en la economía, en muchas ocasiones estas políticas no fueron acompañadas de medidas que mejorasen las condiciones de competencia para el sector privado, limitando así los posibles avances en la eficiencia de los mercados. Por otra parte, el rechazo social a la austeridad presupuestaria y la situación política actual apuntan a que los próximos ajustes, si los hay, recaerán en el lado de los ingresos públicos a través de nuevas subidas de impuestos.

Es así como nos encontramos con la segunda gran paradoja de la economía española, quizás más difícil de entender que la primera: la mayor parte de las opciones políticas elegidas por los ciudadanos reclaman una mayor intervención del Estado en la vida económica de los individuos, a la vez que crece su preocupación por la corrupción y por la mala gestión de los recursos públicos. Los votantes, de esta manera, dicen sentir una profunda desconfianza en la clase política, pero apuestan por entregarle porciones cada vez mayores de su propia riqueza.