Las posibles alternativas para financiar un sistema público de pensiones

En muchos países, las tasas de natalidad han descendido considerablemente, hasta tal punto que las pirámides de población se han invertido. En otras palabras, nos encontramos con poblaciones envejecidas en las que no se produce un reemplazo generacional. Todo ello repercute en la financiación del sistema público de pensiones, pues cuanto menor es la población joven, más difícil es conseguir recursos para sufragar las pensiones.

Ante el problema que se les plantea a diversos gobiernos, éstos buscan no recortar las pensiones, mantener el poder adquisitivo y no endurecer las condiciones para poder cobrar una pensión pública. En países como España, la mayor parte de los ingresos procedían de las cotizaciones a la Seguridad Social. Estas cotizaciones eran aportadas por trabajadores y empresarios, sin embargo, la situación de la Seguridad Social ha pasado a ser deficitaria y la hucha de las pensiones se está agotando, por lo que toca empezar a pensar en nuevas alternativas para sufragar las prestaciones por jubilación.

Los impuestos como fuente de financiación

En primer lugar, hay quienes proponen que parte de lo recaudado en impuestos generales se destine a sufragar las pensiones públicas. Lo que actualmente se está pagando con las aportaciones a la Seguridad Social que figuran en las nóminas de los trabajadores y con las cotizaciones que abonan las empresas, podría ser sustituido por lo recaudado vía impuestos. En cualquier caso, los gobiernos que están meditando esta medida, propondrían introducirla de manera progresiva. En este sentido, cabe destacar la experiencia de Australia, donde las pensiones se costean exclusivamente con impuestos generales. La cuantía de las prestaciones de cada ciudadano vendrá dada por su nivel de ingresos y por su patrimonio.

Si anteriormente describíamos la posibilidad de obtener recursos para financiar las pensiones destinando una fracción de los impuestos generales, otra opción es la creación de un impuesto específico cuya finalidad sea recaudar fondos para el sistema público de pensiones. Este tipo de tributo recaería sobre los patrimonios y rentas más elevados, aunque también hay quien opina que podría incidir negativamente sobre las clases medias y que conllevaría un reparto desigual de las cargas tributarias.

Cotizaciones a la Seguridad Social

También se puede actuar sobre las bases de cotización. En España, la máxima base de cotización se sitúa en 3.642 euros. Esto supone que las cantidades que se perciban por encima del tope de 3.642 euros no cotizarán a la Seguridad Social. Sin embargo, si esas cantidades cotizasen, podrían aumentar la recaudación. Ahora bien, esta opción también presenta el inconveniente de que la Seguridad Social debería abonar prestaciones más cuantiosas en los años venideros.

Otra medida más directa sería incrementar las cotizaciones. Asalariados y empresarios deberían hacer frente a mayores obligaciones para con la Seguridad Social. Hay que señalar que en España los empresarios aportan hasta el 83% de las cotizaciones a la Seguridad Social. Pues bien, los empresarios se han mostrado contrarios a este tipo de propuesta. Cuanto mayores son las cargas que las empresas deben afrontar, menor es el estímulo de los empresarios para invertir y crear empleo.

Créditos, edad de jubilación y cambios en el modelo laboral

Pedir financiación a la banca o la emisión de deuda pública para financiar las pensiones también son opciones que las administraciones tienen sobre la mesa. Ya en 1996 el Gobierno de España solicitó un crédito de 3.000 millones de euros, justo cuando la Seguridad Social se encontraba en una situación muy delicada.

En cuanto al empleo, la tendencia en muchos países ha sido apostar por modelos de flexibilidad laboral que facilitaban descensos salariales. La temporalidad en el empleo también es otro hándicap a la hora de sufragar los gastos de la Seguridad Social. Por ello, hay quienes apuestan por un profundo cambio en el mercado laboral, apostando por subidas salariales que incrementen las cotizaciones a la Seguridad Social y también estimulando una contratación más estable. Todo ello conllevaría importantes modificaciones en la legislación laboral.

Incrementar la edad de jubilación ha sido una propuesta que muchas instituciones han puesto sobre la mesa. A mayor número de años trabajados, mayores serán las cotizaciones, pero conlleva ciertos inconvenientes. En ciertas profesiones, dependiendo del desgaste físico que genere el trabajo, no sería recomendable, pues los trabajadores, superada cierta edad, no serían tan eficientes en el desarrollo de sus funciones. Son muchos los que responden que en lugar de retrasar la edad de jubilación, habría que decantarse por insertar en el mercado laboral al sector de la población joven que permanece en situación de desempleo. Como ejemplo de un sistema de pensiones que apuesta por el aumento de la edad de jubilación encontramos el caso de Francia. Así pues, en tierras galas, para poder recibir la totalidad de la pensión se ha aumentado el periodo de cotización de 35 a 41 años, al tiempo que también se han aprobado medidas para postergar la edad de jubilación y coeficientes reductores para penalizar a quienes se jubilan anticipadamente. Por el contrario, quienes posponen su jubilación son premiados con coeficientes de bonificación.

Otras experiencias

Un modelo que muchos defienden consiste en combinar la prestación pública con el ahorro privado. Esto sucede en países como Dinamarca, donde los empresarios pagan bajas cotizaciones a la Seguridad Social y una exigua pensión pública se complementa con las aportaciones que se van realizando a un plan privado a lo largo de la vida laboral.

Resulta especialmente llamativo el sistema de pensiones de Singapur. El pequeño y próspero estado del sudeste asiático cuenta con un modelo en el que el trabajador dispone de tres cuentas a las que efectuar aportaciones: una para cuestiones médicas, la segunda para la jubilación y la tercera para cuestiones como vivienda o estudios. Las aportaciones a estas cuentas corren a cargo de empleado y empresario. No obstante, será el trabajador quien decida cómo configurar los saldos de las distintas cuentas.