El Pacto de Toledo es un consenso alcanzado entre los partidos políticos de España, cuya finalidad es el estudio de todos los problemas que afectan a las pensiones y su sostenibilidad. Creado en 1995, cuenta con representantes de todos los partidos políticos y permite la proponer y debatir medidas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones.
A través del Pacto de Toledo se pretenden aportar soluciones para los problemas a los que se enfrentan las pensiones públicas. Tratando así de evitar que el sistema de pensiones acabe formando parte de debates partidistas y logrando acuerdos mediante consenso.
En un contexto de envejecimiento de la población, aumento de los despidos, jubilaciones anticipadas y desempleo, se hacía necesario dar respuesta a los problemas que acechaban al sistema público de pensiones. La respuesta estaba en el Pacto de Toledo, que contenía un total de quince recomendaciones.
Contenido del Pacto de Toledo
Entre las características más relevantes del Pacto de Toledo se encuentran:
- Debe existir una separación entre las fuentes de financiación, por lo que las pensiones contributivas se financian a través de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores. Por el contrario, otros servicios, como la Sanidad, se costearán a través de los Presupuestos Generales del Estado.
- La creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como “hucha de las pensiones”. Así, en situaciones de prosperidad económica, se ahorrarán los excedentes. De este modo, cuando la economía atraviese etapas desfavorables, podrán sostenerse las pensiones sin necesidad de aumentar las cotizaciones y se evitarán recortes en las prestaciones.
- La edad de jubilación quedó fijada en los 65 años. No obstante, quienes deseen seguir trabajando, pueden prolongar su vida laboral.
- Para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo, las pensiones irán ligadas a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).
- Introducción de nuevas tecnologías y facilitar la información a la ciudadanía sobre sus derechos y deberes para con la Seguridad Social.
- Combatir el fraude, luchando contra la economía sumergida. Para ello, los trabajadores deberán desempeñar el trabajo de manera voluntaria, por cuenta ajena y existiendo una relación de dependencia con el empresario o empleador.
- Los pensionistas recibirán una prestación que sea proporcional a la cantidad de años cotizados.
- Promover entre la ciudadanía otras formas de ahorro que complementen el sistema de pensiones público.
- Las pensiones de viudedad y orfandad tienen por objetivo cubrir las necesidades de una persona que ha perdido a sus familiares, por ello, hay que trabajar en su mejora.
- Contar con un sistema eficiente en la recaudación y gestión de las pensiones.
- La existencia de dos regímenes en la Seguridad Social. Así, habrá un régimen para los trabajadores por cuenta ajena y otro para los autónomos.
- La creación de una comisión que se encargue del análisis y la discusión de los problemas relacionados con el sistema público de pensiones.
