El principio de plena competencia establece que el precio de una transacción debe ser idéntico, independientemente de si ambas partes están vinculadas o no.
Se trata de un concepto consensuado entre los distintos países que integran la OCDE. Este principio o modo de regir las transacciones se utiliza no solo en las transacciones entre particulares, sino también entre las distintas agencias encargadas de gestionar y recaudar los tributos.
Uno de los problemas a la hora de ponerlo en práctica es la existencia de empresas multinacionales y de transacciones cada vez más complejas. Por ello, desde el punto de vista fiscal, cada vez se hace necesario más material documental para determinar cuál es el precio de transferencia.
El principio de plena competencia y la vinculación
Si se llevan a cabo transacciones entre empresas que no estén unidas por ningún tipo de relación, lo normal será que el mercado determine el precio. Pero, si existe algún grado de vinculación entre las empresas implicadas en la operación, es posible que los precios no vengan dados por el mercado.
En caso de que no sea el mercado quien marque el precio de la transacción, se hace necesario analizar el precio del propio bien o servicio, los márgenes de venta, una valoración de los riesgos, así como los activos de las empresas y el contenido de los acuerdos entre ambas partes. En resumen, se valoran las cuestiones legales y económicas.
El objetivo de estas valoraciones es determinar si las empresas con vinculación están realizando las transacciones con los mismos precios que se establecen cuando no mantienen ningún tipo de relación que las una.
Fiscalidad
Cuando existen distintas administraciones tributarias, hace que resulte más complejo la aplicación del principio de plena competencia. Así, cada administración tiene la potestad de recaudar tributos por las ganancias obtenidas por los contribuyentes en su jurisdicción.
Igualmente, el sistema tributario ha sido diseñado de tal manera que se limita a una aplicación local, sin olvidar que pueden darse casos de doble imposición.
A este respecto, pueden emplearse formas de tributación en las que se paga en función del lugar en el que se reside, tributando por todas las ganancias obtenidas, o aplicarse una tributación que dependa del modo en que se obtuvieron las ganancias.
Para estandarizar la respuesta a estos problemas de fiscalidad y disponer de unos precios de transacción estándares, la OCDE implementó lo que se denominó principio de plena competencia.
Al establecer un precio idéntico en las transacciones independiente de la vinculación entre las empresas implicadas, se trata a las empresas multinacionales como compañías independientes y no como una única gran sociedad.
¿Qué se tiene en cuenta a la hora de aplicar el principio de plena competencia?
Uno de los grandes objetivos del principio de plena competencia implica que tanto los contribuyentes como las distintas administraciones tributarias sepan a qué atenerse.
Para su puesta en práctica se hace necesario llevar a cabo lo que se denomina “comparabilidad”. Para ello, se valorarían las circunstancias e impuestos que tendría lugar en operaciones entre empresas sin vinculación alguna, todo ello de cara a calcular las obligaciones tributarias.
La ventaja del principio de plena competencia es que resulta mucho más equitativo y justo entre empresas independientes y grupos de sociedades. De este modo, se eliminan las posibles ventajas fiscales que puedan surgir y que inciden negativamente en la competencia entre empresas.
Complejidad del principio de plena competencia
El gran problema a la hora de aplicar el principio de plena competencia se produce porque cuando una empresa asociada lleva a cabo una operación, es difícil determinar cuál sería el precio de transacción que se hubiera fijado de ser una empresa independiente.
Por ello, el principio de plena competencia conlleva en diversas ocasiones mayores complejidades administrativas, no solo para Hacienda, sino para los contribuyentes. Todo ello dará lugar a la necesaria presentación de documentación por parte del contribuyente y a su comprobación por parte de las administraciones tributarias, haciendo de ello un proceso tedioso.
Como parte de su papel fiscalizador, Hacienda comprueba la documentación presentada y determina que las condiciones de la transacción se corresponden con lo marcado por el principio de plena competencia.
