No será fácil la aprobación de los presupuestos del Estado, pues el Gobierno de España no tiene mayoría parlamentaria. Va a ser necesaria una intensa negociación con otros partidos políticos para poder sacar adelante las cuentas públicas de 2017. Hay mucho en juego en los Presupuestos Generales del Estado: pensiones, sanidad, políticas agrícolas, gasto en investigación y pago de la deuda pública entre otros.  A continuación, desentrañamos cómo se distribuyen los gastos de las administraciones públicas.

Recientemente, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó ante el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Una vez expuestas las previsiones de gastos e ingresos, se producirá un debate en la Cámara previo a la aprobación de los presupuestos del Estado.

Los contribuyentes se preguntan a qué se dedica el dinero que pagan con sus impuestos. Respondiendo a estas cuestiones nos encontramos con tres partidas de gasto que sobresalen en los presupuestos: gasto social, desempleo y pago de los intereses de deuda.

Destaca que el apartado al que más recursos dedicará el estado será el pago de las pensiones (más de 139.000 millones de euros). El gasto en pensiones ha aumentado un 3,1% con respecto a 2016 y supone un 40% del gasto total. Por otra parte, encontramos las partidas dedicadas a las prestaciones por desempleo (unos 18.000 millones de euros), que disminuye un 6,6%. Por el contrario, los gastos dedicados a políticas para fomentar el empleo aumentarán en un 5,5% si lo comparamos con el ejercicio de 2016.

Otro de los capítulos más llamativos en el gasto público es el pago de la deuda (alrededor de 32.000 millones de euros), que en esta ocasión cae un 3,9% con respecto a 2016. Prueba de ello es que la deuda pública española va disminuyendo paulatinamente. En este sentido, es interesante aportar un dato, pues de cada 100 euros, 9,4 estarán destinados al pago de los intereses de deudas.

El Gobierno ha anunciado la creación de más de 500.000 empleos públicos en los próximos años en sectores como educación, sanidad y justicia, de ahí que entre otras cosas, el presupuesto en educación, de más de 2.500 millones de euros, crecerá un 1,7%, mientras que sanidad con más de 4.000 millones de euros, verá incrementado su presupuesto en un 2,3%. Justicia, con una asignación superior a los 1.700 millones de euros incrementará su gasto en un 7,6%.

Llama la atención que el presupuesto destinado al Ministerio de Defensa aumentará en un 32% debido al gasto en los programas de armamento. En total, Defensa dispondrá de más de 2.100 millones de euros para gastar. Continuando con el capítulo militar, el gasto en investigación militar disminuirá un 27%, mientras que en investigación civil crecerá en un 4,1%, recibiendo una cuantía superior e los 6.000 millones de euros.

Por otra parte, partidas como agricultura, pesca y alimentación o industria y energía mantendrán sus asignaciones estables, es decir, no variaran mucho los fondos que reciban con respecto a 2016, mientras que el gasto en infraestructuras disminuirá considerablemente, estamos hablando de un descenso del 11%. Hay que destacar que el gasto en infraestructuras ha disminuido desde que comenzase la crisis en 2007.

El objetivo de estos presupuestos es contribuir a alcanzar una tasa de paro del 16,6% y un crecimiento en torno al 2,5% al tiempo que se trabaja por reducir el déficit público. Por delante, queda un intenso debate parlamentario para la aprobación de las cuentas públicas, con un escenario en el que la negociación y el diálogo van a ser claves.