El estado de bienestar desde sus orígenes

Si pensamos en la revolución industrial, tal vez en nuestra mente se recreen imágenes de un Londres con las aguas del Támesis ennegrecidas y un aire irrespirable, saturado por la polución que emana de las fábricas. Precisamente, el siglo XIX puede ser un buen punto de partida para explicar el origen del estado del bienestar. En aquella época, el sufragio estaba restringido y los principales objetivos económicos eran la estabilidad monetaria y en los precios. Al igual que en la economía actual, existían ciclos de expansión y de recesión.

Los momentos de recesión eran particularmente duros para los trabajadores, pues perdían sus empleos al quebrar las empresas y quienes no se veían abocados al desempleo veían sus salarios reducidos. Sin embargo, la clase trabajadora, lentamente, fue ganando peso en la sociedad a través de los movimientos obreros y ya con el fin de la Primera Guerra Mundial, el modelo económico del siglo XIX cayó en decadencia.

En este sentido, las propuestas del célebre Keynes fueron un soplo de aire fresco, pues este economista apostaba por políticas de incremento del gasto público en las etapas de recesión, lo que incluía también gasto social para los más afectados por la crisis. A su vez, la democracia fue avanzando y se extendió el sufragio universal. El estado asumió un papel más activo en la economía, proporcionando prestaciones por desempleo y luchando contra la pobreza.

Sin embargo, es precisamente justo después de la Segunda Guerra Mundial cuando se va a consolidar el denominado “estado del bienestar”. Con Estados Unidos como primera potencia económica mundial, se implantó el “american way of life”, un modelo en sintonía con el estado del bienestar.

Eran tiempos dulces para la economía. Atrás quedaba la guerra, el dólar sustituía a la libra esterlina como moneda de reserva, el comercio internacional estaba en auge con la creación del Fondo Monetario Internacional y la firma del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). La productividad mejoraba y los salarios aumentaban al tiempo que el progreso técnico avanzaba. Por su parte, los gobiernos occidentales permanecían comprometidos con unas políticas que permitiesen una distribución más equitativa de la renta.

Así pues, el estado del bienestar se caracterizó entre otras cosas por:

• La nacionalización de ciertos sectores, como ocurrió en Reino Unido y Francia con los ferrocarriles.
• Cierto nivel de planificación de la economía, a nivel indicativo, no por imposición como en los países con economía de planificación centralizada.
• Un mayor gasto en infraestructuras. La obra pública se convirtió en la gran protagonista, por lo que el estado tuvo que hacerse cargo frente a aquellas empresas que no se sentían atraídas por los elevados costes de este tipo de proyectos.
• Las prestaciones sociales mejoraron: seguros por desempleo y prestaciones por invalidez y jubilación. El estado actuaba como proveedor de dos pilares básicos del estado de bienestar: la sanidad y la educación.

A través de esta serie de medidas, en los periodos de recesión, el estado establecía una cierta red de protección para la ciudadanía, de ese modo, los estragos de las crisis económicas eran menos dolorosos para la población y en particular, para los colectivos más vulnerables a nivel social y económico.

Sin embargo, la llegada de la crisis del petróleo de 1973 causó hondos perjuicios en el estado del bienestar. La inflación y el desempleo aumentaban. Pese a las políticas públicas para poner freno a las elevadas tasas de paro, el desempleo continuaba aumentando. En este contexto, comenzaron a aplicarse las tesis de Friedman, que proponía una estabilización monetaria pese a que el paro aumentase. Para batallar contra la inflación, según Friedman, era necesario desmantelar ciertos aspectos del estado de bienestar.

Y es que el estado del bienestar supone un mayor gasto público, lo que provoca un aumento del déficit en las cuentas públicas y puede contribuir a aumentar la inflación. Es por ello por lo que muchos ciudadanos comenzaron a dudar del estado como gestor de empresas públicas y proveedor de servicios.

En los años 80, la llegada al poder en Reino Unido de Margaret Thatcher y la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos supusieron importantes recortes a las políticas sociales y al estado del bienestar. Se rompió el diálogo entre empresas y trabajadores y la precariedad laboral aumentó. Por otro lado, se produjeron reducciones de impuestos directos y se establecieron impuestos indirectos como el IVA.

Nuevamente, en los 90, el estado del bienestar se vio amenazado. Las tasas de natalidad de los países desarrollados cayeron. No había población suficiente para costear las pensiones de jubilación, aunque en cierto modo, este problema se fue solucionando gracias a la mayor incorporación de la mujer al mundo laboral y al fenómeno de la inmigración.

A lo largo de los últimos años también merece la pena destacar las iniciativas llevadas a cabo desde la Unión Europea. En esta línea se encuentran los Fondos Estructurales de Desarrollo Regional (FEDER), que se encargan de reducir las diferencias entre las distintas regiones europeas, destinando recursos a áreas como infraestructuras, sanidad, investigación y educación. A su vez, el Fondo Social Europeo también ha sido decisivo para financiar la formación y la educación. Estos fondos europeos han conseguido disminuir las diferencias entre las regiones más desarrolladas y las menos desarrolladas, pero no han logrado eliminarlas por completo.

Actualmente, las tendencias de la economía están marcadas por el control del déficit público y de la inflación, quedando en un segundo plano el estado del bienestar. Sin embargo, se está llamando a llevar a cabo la denominada “sociedad del bienestar”, es decir, la implicación no solo del estado, sino de la ciudadanía y de todas las instituciones por llevar el bienestar a toda la nación. También se promueve la ampliación del estado del bienestar más allá de los países desarrollados, aunque las diferencias las economías más boyantes y el Tercer Mundo continúan aumentando. Otro gran obstáculo para la implantación del estado del bienestar en los países menos desarrollados es que para poder llevarlo a cabo, requiere prosperidad económica.