Principio de legalidad

El principio de legalidad, en otras palabras, significa la sujeción por parte de los Estados y poderes públicos a la ley y al proceso legislativo. Lo contrario implicaría el ejercicio de un poder arbitrario.

En términos aún más simples, el principio de legalidad significa que todo poder público y toda acción privada debe ejercerse en virtud de una ley escrita.

Aunque este principio se desprende de todos los ordenamientos jurídicos (civil, administrativo, laboral), en la jurisdicción penal es donde alcanza su plenitud.

¿Por qué alcanza mayor importancia en el derecho penal? Porque en esta jurisdicción están las mayores consecuencias para una persona. Nos referimos, por ejemplo, a la privación de libertad.

Aunque este principio tiene un significado común y es la sujeción a la ley, podemos ver las diferencias en las distintas jurisdicciones:

• El principio de legalidad en el derecho penal significa que las conductas deben estar contenidas en una norma escrita para que los ciudadanos conozcan qué conducta está prohibida y su sanción. No hay delito sin que esté tipificado, es decir, sin que se encuentre desarrollado en una norma.
• En el derecho civil, significa que una persona no podrá ejercer una acción contra otra persona si no está comprendida dentro de las leyes civiles.
• En el derecho tributario, consiste en que todos los tributos deben estar establecidos en una ley, para que el contribuyente conozca sus características.
• En derecho administrativo, consiste en que las sanciones administrativas podrán imponerse si el hecho que las provoca está contenido en una ley.

Cómo este principio adquiere mayor relevancia en el derecho penal, vamos a profundizar sobre ello.

Son cuatro las garantías que tutela este principio:

• Criminal: No se podrá castigar como un delito ninguna conducta u acción que no esté establecida en una norma jurídica.
• Penal: No se puede imponer un castigo a través de una pena o medida de seguridad si no está establecida en la ley como sanción a un delito determinado. Es decir, debe quedar constancia en una norma jurídica de la acción delictiva y su consecuencia jurídica.
• Jurisdiccional: Solo los tribunales podrán imponer las penas o las medidas de seguridad de acuerdo con las leyes. Esta garantía evita que las personas “se tomen la justicia por su mano”.
• Ejecución: Únicamente de la forma en la que venga desarrollada en la ley se deberá cumplir con la pena. Esto significa que, si la pena es privación de libertad de 5 años, esta será así, no se podrá imponer otra sanción de forma arbitraria. Hay que ajustarse a la normativa.