Sanción económica
Una sanción económica es una barrera, arancel, bloqueo y limitación financiera que se impone a estados, organizaciones o individuos.
Este tipo de medidas se emplean como una herramienta principalmente de geopolítica, castigando las acciones de determinados estados o como un elemento para perseguir la delincuencia.
Las sanciones son impuestas por los gobiernos nacionales y por organismos internacionales, siendo aplicadas habitualmente cuando algún estado vulnera la legalidad internacional.
La finalidad de estas sanciones es coercitiva, si bien es cierto que los más críticos señalan que las sanciones económicas no siempre cumplen su propósito y terminan generando un malestar social y económico que sufre la población civil.
¿Qué clase de sanción económica puede imponerse?
Existe un amplio abanico de sanciones, que van desde la prohibición del comercio hasta el veto a realizar transacciones financieras, la congelación de activos, bloqueos de armamento y la supresión de la ayuda internacional.
En cuanto al comercio, pueden imponerse aranceles que gravarán los productos del país en cuestión. Asimismo, otra opción consiste en establecer cuotas que limiten las exportaciones e importaciones. Pero, un paso mucho más severo sería el embargo, el cual prohíbe que las empresas hagan negocios en un determinado país.
Otras medidas para castigar a un determinado estado consisten en trabas burocráticas, el establecimiento de trabas muy rigurosas y la exigencia de unos estándares de calidad muy concretos.
Es frecuente que, a la hora de sancionar a un estado, a sus dirigentes y a los oligarcas, se lleven a cabo congelaciones de activos. Esto implica que un país, sus dirigentes o sus más destacados hombres de negocios puedan disponer de sus activos y trasladarlos a otra soberanía.
Los bloqueos de bienes y servicios pueden aplicarse tanto a la exportación como a la importación. Así, el bloqueo de las exportaciones de un determinado país puede causar graves daños en los niveles de empleo y en su desarrollo industrial.
Más allá del bloqueo de exportaciones e importaciones, también existe la posibilidad de bloquear o impedir a un país el acceso a determinadas tecnologías.
Por último, se encuentran las sanciones extraterritoriales, que consisten en la prohibición de llevar a cabo negocios con una serie de países y organizaciones.
¿En qué situaciones se imponen sanciones económicas?
Los motivos que llevan a implementar una sanción económica son aquellas actuaciones contrarias al derecho internacional o una serie de acciones que pongan en peligro a un determinado país o grupo de países.
De este modo, las sanciones económicas se han convertido en un instrumento de política internacional. Sus finalidades son contribuir a castigar el terrorismo, defender la democracia y los derechos humanos y combatir el tráfico de drogas.
Se considera que las sanciones económicas son una opción menos severa que las medidas diplomáticas y mucho menos agresivas que una declaración de guerra.
La principal institución internacional encargada de imponer sanciones es la ONU. El requisito fundamental es que las sanciones cuenten con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que ninguno de sus miembros ejerza el derecho a veto. En este sentido, en la ONU pueden aprobarse embargos de armas, inmovilización de activos o restricciones de viaje a determinados estados.
La Unión Europea también está habilitada para poner en marcha sanciones, todo ello en el marco de su Política Exterior y de Seguridad Común. Así pues, el órgano competente de la Unión Europea en este aspecto será el Consejo Europeo.
Otros países, como ocurre en el caso de Estados Unidos, tienen una amplia discrecionalidad para establecer sanciones. El presidente puede comenzar el proceso a través de una orden ejecutiva, aunque será el Congreso estadounidense el que decida si las sanciones se prorrogan más allá de un periodo de un año.
Efectividad de las sanciones económicas
Se ha cuestionado en numerosas ocasiones la efectividad de las sanciones económicas. Quienes se oponen a estas acciones señalan que la población civil es la gran damnificada de bloqueos, embargos y restricciones al comercio.
En este sentido, Cuba y Corea del Norte han estado sometidas a un largo embargo económico sin conseguirse resultados plausibles. Por el contrario, suele exponerse el caso de Sudáfrica como un ejemplo de la utilidad de las sanciones económicas. En este sentido, el embargo de armas y la imposibilidad de acceder al petróleo que padeció el gobierno racista de Sudáfrica, contribuyó a la caída del apartheid.
Es posible encontrar situaciones en las que las sanciones económicas han operado correctamente y otras en las que ha sido la población quien ha pagado las consecuencias. En cualquier caso, un estudio de la Universidad de Drexel determinó que alrededor de la tercera parte de las sanciones económicas tienen una efectividad real.
