El presidente electo Joe Biden ha anunciado el mayor programa de gasto público de la historia de Estados Unidos para recuperar la primera economía del mundo. ¿En qué consisten estas medidas?
La ratificación de la votación del Colegio Electoral por parte del Congreso de Estados Unidos ha confirmado oficialmente que Joe Biden sucederá a Donald Trump y se convertirá en el próximo presidente del país.
Teniendo en cuenta las amplias diferencias entre dichos candidatos, así como las promesas tan opuestas con las que ambos han realizado sus campañas electorales, existe la posibilidad de que este cambio de gobierno se traduzca en un giro radical en muchos aspectos, entre ellos la política económica.
En este artículo analizaremos las grandes reformas que Biden ha prometido para la primera economía del mundo, de las cuales ya conocemos algunos detalles.
¿Un nuevo New Deal?
El pasado 14 de enero, Joe Biden anunció las líneas maestras de su plan de acción para recuperar la economía de Estados Unidos, dividido en dos partes. La primera, llamada Plan de Rescate Americano (American Rescue Plan), incluye aumentar en hasta 2.000 dólares mensuales los subsidios a personas de rentas bajas, una extensión del seguro de desempleo; ayudas y moratorias de alquileres; un refuerzo de los programas de ayuda alimentaria y más avales para los créditos solicitados por pequeñas empresas; además de medidas dirigidas a subsidiar el cuidado de niños y personas mayores. También, entre otras cosas, se contempla subir el salario mínimo a 15 dólares la hora en todo el territorio nacional, a la vez que se aumenta el presupuesto en educación, con un coste total de unos 1,9 billones de dólares.
Por otro lado, la segunda parte del plan, según ha anunciado el presidente electo, irá dirigido a la inversión pública en sectores como la infraestructura, industria, innovación y energías limpias, a la vez que dichas inversiones se pondrán en marcha a lo largo del año. Lejos de sorprender a los analistas, las dos partes del plan de estímulo económico están bastante alineadas con lo prometido en su programa electoral.
En líneas generales, puede decirse que estas ideas se inspiran en el New Deal, un conjunto de reformas implantadas por Franklin D. Roosevelt como respuesta a la Gran Depresión. Aplicando las políticas keynesianas de moda en el periodo de entreguerras, el New Deal buscó recuperar el crecimiento y el empleo a través de la construcción de grandes obras públicas y la creación de empresas controladas por el Estado. Todo ello, acompañado de fuertes subidas de impuestos y de una mayor regulación de la actividad económica.
Si bien el éxito del New Deal aún hoy está en discusión (el PIB per cápita tardó 11 años en recuperarse y el empleo sólo lo hizo bajo el efecto distorsionador de la Segunda Guerra Mundial), lo cierto es que para muchas personas se trata de un caso paradigmático sobre la necesidad de que el Estado estimule la economía en tiempos de crisis. Hoy la abrupta caída de la actividad económica a consecuencia de la pandemia, con la consiguiente destrucción de millones de puestos de trabajo, parece configurar para ellas un escenario similar donde consideran que la intervención política de la economía es la única solución posible.
En este sentido, el gran eje de la política económica de Joe Biden parece ser el Green New Deal, un paquete de medidas inspiradas en las de Roosevelt, aunque adaptadas al contexto actual y dirigidas, también, a otra de las grandes preocupaciones de nuestro siglo: el medioambiente. De esta manera, durante la campaña electoral el presidente electo de los Estados Unidos ha prometido gastar 1,3 billones de dólares del erario público en los próximos 10 años en infraestructuras de transporte, educación, comunicación y energía, con un especial énfasis en proyectos que reduzcan las emisiones de CO2. También se ha comprometido a que su país volverá a formar parte del Acuerdo de París, después de haber formalizado su retirada en noviembre de 2020 bajo el mandato de Donald Trump.
Con respecto al mercado laboral, y como si de un déjà vu de los años 30 se tratase, además de la subida del salario mínimo que hemos comentado, el programa de Biden incluye diversas medidas para fortalecer el poder de los sindicatos, especialmente favoreciendo la negociación colectiva. La intención de estas medidas es aumentar el poder adquisitivo de la clase media, para lo cual también se han prometido deducciones fiscales para rentas medias y bajas por gastos médicos, compra de primera vivienda y cuidado de niños y ancianos.
Por otra parte, en el plan económico del candidato demócrata se recogen importantes subidas de impuestos como el de Sociedades hasta el 28% (del 21% actual) y con un mínimo efectivo del 15% y un nuevo tipo máximo del Impuesto sobre la Renta del 39,6%. Para fomentar la producción nacional (otro de los ejes del programa), también se ha prometido penalizar a las empresas que deslocalicen puestos de trabajo y vendan en Estados Unidos, así como duplicar el impuesto sobre los beneficios obtenidos en el extranjero de las empresas norteamericanas que hayan trasladado su sede a otros países.
Entusiastas contra escépticos
Si bien el plan económico de Biden ha suscitado un gran optimismo entre los más entusiastas del protagonismo del Estado en la economía, los resultados electorales también señalan que millones de personas en Estados Unidos tienen una visión diferente al respecto. En este sentido, es importante recordar que aunque los grandes objetivos de la política económica de Trump y Biden (estimular el crecimiento, recuperar los empleos perdidos y fortalecer a la clase media impulsando la producción nacional) pueden parecer similares a primera vista, los medios para alcanzarlos son completamente opuestos.
Bajo la administración Trump, el camino elegido para estimular el crecimiento ha sido potenciar la libertad de empresarios y consumidores reduciendo impuestos y regulaciones, para aumentar la renta disponible del sector privado y así permitir una asignación de recursos eficiente basada en el orden espontáneo del mercado. La excepción a esta política ha sido el mercado exterior, donde la libertad económica ha sufrido un retroceso debido al aumento de aranceles y restricciones a las importaciones (especialmente desde China). El modelo podría resumirse por tanto en potenciar la libertad en el mercado doméstico y restringirla en el exterior, presentando algunas similitudes con las ideas mercantilistas.
Por el contrario, Biden propone fortalecer las rentas bajas y medias a través de un sistema fiscal más redistributivo y de mejores salarios impuestos por ley o por negociación colectiva. En este caso se apuesta por una asignación de los recursos menos ligada a las preferencias del mercado y más dirigida por las autoridades políticas del país, como demuestra su plan de obras públicas. En cuanto al mercado exterior, todavía es difícil prever medidas concretas ya que si bien el programa electoral demócrata menciona reconstruir los lazos comerciales debilitados en los últimos años, también se habla de fomentar la industria nacional y no se dan demasiadas precisiones sobre el conflicto comercial con China. No obstante, se espera que las relaciones con el exterior sean menos agresivas que las que mantuvo Trump durante su mandato.
Así pues, los resultados electorales parecen mostrar una mayor preferencia de los votantes por las propuestas de Biden, pero eso no significa que sus detractores estén desprovistos de argumentos. Al fin y al cabo, según el Bureau of Labor Statistics en septiembre de 2019, la tasa de paro había caído a un mínimo histórico del 3,5% (el mejor dato desde 1969), con niveles especialmente bajos en colectivos como los afroamericanos, hispanos y trabajadores sin estudios. Posteriormente, en la primera mitad de 2020, la economía sufrió un fuerte impacto a causa de la pandemia que destruyó 22 millones de puestos de trabajo, pero solamente en el tercer trimestre del año se consiguieron crear 11,4 millones (el ritmo de recuperación más rápido de la serie histórica).
Por este motivo los opositores a las medidas de Biden argumentan que la libertad de mercado es la mejor vía para que puedan prosperar las personas que pertenecen a colectivos considerados «desfavorecidos», y que las restricciones que pretenden ayudarlos (como el salario mínimo o la afiliación sindical obligatoria) sólo contribuyen a perpetuar sus dificultades. Si en el programa electoral de Biden se justifica la necesidad de los sindicatos señalando que más del 60% de sus afiliados son mujeres y/o miembros de minorías, sus detractores critican que el hecho de que estas personas pertenezcan a un sindicato no parece haber tenido un impacto significativo en la reducción de las desigualdades sociales que supuestamente penalizan a estos grupos.
Por último, la adhesión al Acuerdo de París también despierta la preocupación de miles de trabajadores ligados a las industrias del carbón, petróleo y gas natural, dado que la reducción de emisiones amenaza con restringir su actividad. En este sentido, el plan de estímulo de Biden promete crear nuevos puestos de trabajo ligados a energías limpias, pero como hemos explicado en publicaciones anteriores, cuando una transición energética no se lleva a cabo de forma natural (por la mayor competitividad de la fuente nueva de energía) sino por imperativo legal, pueden surgir ineficiencias y, por tanto, también desajustes en el mercado laboral.
Esperanzas y preocupaciones en el horizonte
El giro keynesiano de la política económica estadounidense ha despertado optimismo en muchas personas, pero también ciertas reservas por parte de otras. Como hemos comentado, para muchos los resultados obtenidos hasta 2019 y la rápida recuperación del tercer trimestre de 2020 muestran que una buena forma de potenciar la creación de empleo es con un marco de impuestos bajos y libertad económica. Bajo este punto de vista, encarecer la contratación subiendo el salario mínimo en un contexto de desempleo masivo solamente retrasará la recuperación del mercado laboral, como ocurrió en los años 30.
Además, todo incremento del gasto público que no es acompañado por un aumento equivalente de la presión fiscal suele traducirse en una aceleración en el crecimiento de la deuda pública. En Estados Unidos, donde esta variable supera el 120% del PIB y además se espera que continúen políticas monetarias expansivas, las medidas de estímulo podrían afectar el coste de financiación del gobierno federal e incluso la cotización internacional del dólar.
Sin embargo, la elevada factura que deja el COVID, en adición a esas grandes inversiones que prevé acometer el país, suscitan la necesidad de incrementar la recaudación para incrementar el gasto y hacer frente a lo prometido. Por esta razón, son muchos los ciudadanos que apoyan estas subidas de impuestos para incrementar la fortaleza del Estado, así como su capacidad para hacer frente a situaciones de semejante índole.
En cualquier caso, hoy los defensores del keynesianismo ven entusiasmados lo que muchos consideran una reedición del New Deal en el siglo XXI. Gracias a estas medidas, millones de familias y empresas se verán beneficiadas directamente por un auténtico torrente de dinero público. Sin embargo, los más escépticos señalan con preocupación que un plan que ya fracasó una vez, probablemente lo hará de nuevo.
