Nicaragua reelige a su presidente entre acusaciones de fraude electoral y poca democracia en los comicios celebrados. Unas acusaciones que podrían costar muy caras a la economía nicaragüense.
El pasado 7 de noviembre, Nicaragua celebraba unas elecciones presidenciales marcadas por la polémica, entre acusaciones de fraude electoral por parte de numerosos organismos internacionales. Denuncias como la falta de garantías democráticas y de libertades, principalmente por el encarcelamiento de políticos opositores, han sido compartidas por diversos gobiernos de todo el mundo, así como organizaciones multilaterales como la ONU y la Unión Europea.
Lo cierto es que, con fraude o sin él, el presidente Daniel Ortega ha sido reelegido para continuar en el cargo durante los próximos 5 años, abriéndose un escenario de confrontación que puede tener serias consecuencias para la economía del país centroamericano.
En un lado tenemos al presidente Ortega y su programa sandinista (una corriente política nicaragüense de izquierda, de original tendencia nacionalista y antiimperialista con posterior influencia socialista), radicalmente contrario a lo que él considera «injerencia» norteamericana en su país y acreedor de muy poca confianza en los mercados internacionales. En el otro lado, tenemos a Estados Unidos y varias organizaciones multilaterales que no han dudado en amenazar con sanciones para castigar lo que, según su punto de vista, ha sido un claro fraude electoral. Y entre ambos, por supuesto, millones de nicaragüenses que luchan por sobrevivir en su día a día, viéndose muchos de ellos condenados a la pobreza o a la emigración.
Lo más triste de esta situación es que si ya de por sí, la vida de muchas personas en Nicaragua es difícil, el precario equilibrio que tenemos hoy podría verse amenazado si se aprueban sanciones económicas contra el país. De hecho, el pasado 10 de noviembre se aprobó en Estados Unidos la llamada Ley Renacer, denominada como Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021, que abre una importante vía en esta dirección.
Ahora bien, ¿en qué consisten las sanciones hacia Nicaragua y qué consecuencias podrían tener sobre la economía del país? ¡Vamos a ello!
Estados Unidos: una relación en peligro
«Existen dos áreas críticas de la economía nicaragüense que podrían verse afectadas si se amplían las sanciones en el futuro.»
Por el momento, las sanciones impuestas consisten, principalmente, en la congelación de activos pertenecientes a algunos funcionarios del Gobierno y al Ministerio Público de Nicaragua en Estados Unidos, imponiendo, a su vez, la prohibición de que éstos realicen transacciones financieras con ciudadanos y empresas del país norteamericano. Sin embargo, y considerando el precedente de Venezuela, no podemos descartar que en el futuro pueda haber sanciones más severas si el presidente Ortega persiste en esa confrontación con el país anglosajón.
De hecho, la ley Renacer también habilita al ejecutivo norteamericano a tomar acciones en el campo de la diplomacia internacional, pudiendo restringir los préstamos que recibe Nicaragua a través de bancos multilaterales. Y a todo ello, podemos sumarle la participación del país en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), la cual podría ser revisada por lo ocurrido.
Por tanto, de continuar los conflictos, el análisis de Nicaragua y sus relaciones con los países con los que hoy se enfrenta, nos muestra que existen dos áreas críticas de la economía nicaragüense que podrían verse afectadas si se amplían las sanciones en el futuro. Empecemos por la primera de ellas: la inversión internacional.
Frenos a la inversión exterior y la financiación
«Solamente los DEG recibidos en agosto por parte del FMI ya superan el 15% de los recursos que el Estado puede obtener a través de los impuestos.»
Siendo un país con un mercado financiero relativamente pequeño y con una capacidad limitada de ahorro, Nicaragua ha dependido tradicionalmente de la inversión extranjera para capitalizar su economía.
En el siglo XX, el socio preferente ha sido Estados Unidos, salvo en los periodos de Gobierno sandinista; caracterizados por una oposición frontal a la política exterior de Washington. Este rechazo también lo hemos podido constatar, en épocas más recientes, bajo el mandato de Daniel Ortega, propiciando la entrada en escena de nuevos actores como Rusia y China.
No obstante, en muchas ocasiones, la aparición de estos inversores alternativos no ha llegado a tener un impacto real sobre el día a día de los nicaragüenses. De hecho, algunos proyectos de inversión se han quedado en poco más que anuncios grandilocuentes de la propaganda oficial.
Uno de los ejemplos más claros de este fracaso es el Canal de Nicaragua, un proyecto para unir el Mar Caribe y el Océano Pacífico de la mano de la empresa china HNDK, y una de las medidas estrella en el programa de desarrollo económico del Gobierno. El problema es que, después del anuncio del acuerdo y las primeras obras en 2014, se han hecho muy pocos avances en lo relativo a su construcción, a pesar de que su finalización estaba prevista para 2020.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta la dificultad del Gobierno nicaragüense para generar confianza entre los inversores internacionales, en los últimos años una fuente muy importante de financiación extranjera han sido los organismos multilaterales. Por mencionar algunos datos, el Gobierno nicaragüense recibió 43 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, 20 millones del Banco Mundial y 185,32 millones del FMI en el presente ejercicio; a los que hay que sumar los 353, 5 millones en derechos especiales de giro (DEG) concedidos por el Fondo Monetario Internacional en agosto de este año.
Estas cifras, quizá, pueden parecernos pequeñas, pero no lo son si tenemos en cuenta los recursos limitados con los que cuenta el Gobierno nicaragüense. De hecho, el presupuesto para el año 2021 prevé unos ingresos anuales de 2.321,5 millones de dólares. Esto significa que solamente los DEG recibidos en agosto ya superan el 15% de los recursos que el Estado puede obtener a través de los impuestos.
El riesgo, por tanto, consiste en que en el futuro haya nuevas sanciones que puedan dificultar la llegada de inversiones a Nicaragua. Si esto ocurre, existiría el peligro de que el ritmo de crecimiento se fuera estancando en el tiempo, ya que cuando no hay inversión, no puede haber acumulación de capital y la productividad, normalmente, no crece.
Más aún si consideramos, como ya hemos mencionado, que muchos nicaragüenses viven en la pobreza y, por tanto, la capacidad de ahorro de la economía del país es muy limitada.
Estados Unidos: un socio comercial preferente para Nicaragua
«El 48,60% de las exportaciones nicaragüenses se dirigen a Estados Unidos, y en algunos sectores, este porcentaje incluso llega a superar el 80%.»
De la misma forma que con la inversión extranjera y la financiación que recibe el país centroamericano, preocupa mucho este conflicto por el hecho de que hablamos de Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua.
Por tanto, el hecho de que se puedan revisar los términos en los que Nicaragua participa del acuerdo DR-CAFTA también puede suponer un factor de riesgo. El motivo es que, según datos del Banco Central de Nicaragua, el 48,60% de las exportaciones entre enero y agosto de este año se han dirigido a Estados Unidos, como podemos observar en la gráfica que se muestra a continuación.
Además, en algunos de los principales sectores exportadores, como el oro o los cigarrillos, este porcentaje supera el 80%.
Estos datos nos muestran que, más allá del rechazo que los sandinistas suelen expresar hacia las políticas de Estados Unidos en Centroamérica, este país es, con diferencia, el principal socio comercial de Nicaragua. Un rival político, sí, pero con el que es necesario entenderse a la hora de comerciar por la gran dependencia que arrojan estos datos.
Es más, si incluimos en el cálculo a los otros países miembros del DR-CAFTA, veremos cómo todos ellos concentran el 71,52 % de todas las exportaciones que realiza el país. En el lado de las importaciones, el peso de éstas también es muy relevante, rozando el 56%.
Esto significa que si la ley Renacer da lugar a restricciones comerciales en el futuro, el sector exterior de Nicaragua podría verse especialmente afectado, con su consiguiente repercusión negativa sobre el crecimiento y el empleo en el país.
Lo peor es que este problema, si llegara a coincidir con sanciones sobre la inversión extranjera, podría derivar también en una crisis de la moneda nacional, el córdoba, dado que se verían restringidas las fuentes de divisas extranjeras que, últimamente, han mantenido estable su cotización.
Pero la situación puede ser peor…
«Es muy difícil suponer que los envíos de dinero de nicaragüenses que viven en el extranjero podrían compensar las posibles sanciones internacionales, especialmente cuando Estados Unidos es, también, el principal emisor.»
En un escenario de crisis como el actual, en el que la economía no funciona como debe y el Estado no cuenta con recursos para ofrecer protección social, uno de los pocos motivos de esperanza es el papel de las remesas de emigrantes, las cuales no han parado de crecer en las últimas décadas.
Como podemos observar en la gráfica que se muestra a continuación, estas remesas, es decir, el dinero que los empleados en el extranjero mandan a sus familiares en Nicaragua, han incrementado su peso sobre el PIB, duplicándose en menos de 20 años. En otras palabras, las remesas hoy tienen un peso que supera el 15 % de la economía nacional.
Pero el dato interesante, además del citado, es que el 60% de estas remesas en 2020 procedía de los Estados Unidos. También en las remesas, Estados Unidos ocupa un papel destacado, teniendo en cuenta que el segundo emisor el pasado ejercicio fue España y no superó el 15%.
Con todo, es muy difícil suponer que los envíos de dinero de nicaragüenses que viven en el extranjero podrían compensar las posibles sanciones internacionales, especialmente cuando Estados Unidos es, también, el principal emisor. Sin embargo, también es cierto que pueden aliviar la situación de muchas familias, sobre todo si entramos en un escenario de devaluación. Pues de llegar a ese caso, el dinero enviado en moneda extranjera tendrá un poder de compra cada vez mayor en moneda local.
En general, la evolución de las remesas en los últimos años puede enseñarnos la importancia de las redes de ayuda mutua que la sociedad civil va construyendo a partir de lazos familiares. Una situación que muestra cómo, pese a que el Gobierno dice ayudar a los más pobres, otros factores influyen más en su bienestar que la propia protección social. Y, de la misma forma, todos estos datos nos enseñan que Estados Unidos juega un papel prácticamente determinante en Nicaragua; más importante que el papel que trata de darle el presidente Ortega.
Un Gobierno motivado, con un Estado incapaz
«Las medidas recaudatorias del Estado poco pueden hacer, y en determinadas ocasiones, incluso, pueden ser contraproducentes.»
Por último, no podemos pasar por alto que las intenciones del Gobierno pueden ser legítimas, pero los recursos de los que dispone éste son muy escasos, y aquellos con los que cuenta, ante el nuevo escenario, podrían esfumarse más pronto que tarde.
La recaudación fiscal sobre PIB (25,9%), como en otras economías de América Latina, no llega al nivel de los países OCDE (33%), lo que deja a Nicaragua, y su Gobierno, en una situación de clara incapacidad.
Así, no podemos dejar de mencionar que uno de los principales problemas que encuentra el Gobierno para cuadrar sus cuentas es el déficit crónico del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS).
Recordemos que, desde 2013, los gastos superan cada año los ingresos del INSS, especialmente por el aumento de prestaciones no contributivas. Y es que la admisión de nuevos beneficiarios al sistema, incluyendo en éste a miles de personas que no habían llegado a aportar durante, al menos, 750 semanas (casi 15 años), ha disparado los gastos en pensiones, rompiendo el precario equilibrio anterior.
Por otra parte, los ingresos, como decíamos anteriormente, tampoco tienen mucho margen para crecer en una economía en la que el nivel de informalidad laboral es muy alto, lo que significa que muchos trabajadores no aportan al sistema.
Ahora bien, esto no significa que estos trabajadores estén disfrutando de un buen nivel de vida gracias al dinero que no entregan al Estado. Más bien al contrario, la mayoría de los trabajos informales se concentran en las tareas peor pagadas de la economía, cuyos ingresos, en muchos casos, son insuficientes para sacar a los trabajadores de la pobreza.
Eso es lo que hace tan difícil encontrar una solución, ya que ante una situación así, las medidas recaudatorias del Estado poco pueden hacer, y en determinadas ocasiones, incluso, pueden resultar contraproducentes. Por tanto, quizás parecería más lógico que los ingresos del Estado pudieran crecer de la mano de un aumento de la productividad de los trabajadores, pero para ello es necesario, como hemos mencionado antes, que lleguen inversiones al país.
Una completa encrucijada.
¿Qué futuro le espera a Nicaragua?
«La inversión, el sector exterior, las remesas, la financiación, así como todos los recursos con los que cuenta Nicaragua, una gran parte al menos, provienen de los Estados Unidos.»
Ante el análisis que ofrecemos, lo que ahora se preguntan los lectores es: ¿Qué futuro le espera a la economía de Nicaragua?
En este sentido, cabe decir que el futuro de Nicaragua se va oscureciendo mientras se acerca la amenaza de caer en la llamada trampa de la pobreza. Un escenario del que es muy difícil salir, y donde la baja productividad y la incapacidad de ahorrar se retroalimentan, creando un círculo vicioso que a día de hoy sigue teniendo atrapados a muchos países.
No podemos saber lo que ocurrirá en el futuro, pero sí podemos intuir que el anuncio del presidente Ortega de abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA) no parece ser un paso hacia la apertura internacional que necesita la economía del país, sino todo lo contrario. En un escenario de globalización económica, volverse proteccionista y salir de aquellos acuerdos que sustentan la economía es un error que ni Nicaragua ni su Gobierno pueden permitirse, ni deberían cometer.
Por otro lado, las sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos son, de momento, limitadas, por lo que no han dañado seriamente a la economía nicaragüense. Esto podría darnos esperanza, pero para ello, el Gobierno debería rectificar y corregir su postura, la cual se basa en combatir frontalmente a Estados Unidos. Pues dicen que rectificar es de sabios, y Nicaragua está en un momento en el que todavía cuenta con tiempo para hacerlo, pero el Gobierno parece que tiene claras sus intenciones y, entre ellas, no encontramos la intención de relajar las tensiones con el país norteamericano.
Con todo, hoy Nicaragua es un país que se enfrenta a un futuro incierto. Su economía depende, en gran medida, de la economía estadounidense. La inversión, el sector exterior, las remesas, la financiación, así como todos los recursos con los que cuenta Nicaragua, una gran parte al menos, provienen de allí. Por tanto, enfrentarse a los Estados Unidos parece más bien un criterio político que económico.
En conclusión, hablamos de un suceso de gran envergadura para la región. Un suceso determinante para el futuro de esta economía y que, como siempre, debemos seguir y analizar en el análisis de Economipedia.
