Interventor

La figura del interventor es en sí misma un mecanismo de representación muy habitual en el ámbito político, jurídico y especialmente en el ámbito de la gestión pública.

El objetivo principal de los interventores pasa comúnmente por labores de supervisión, validación y autorización de actividades económicas determinadas o de procesos u operaciones.

En ese sentido, una intervención de procesos correcta debe realizarse en base a ciertas nociones o referencias jurídicas de cada territorio. Es decir, es necesario que ayude a defender la regularidad y la adaptación en términos legales de la actividad observada.

Su presencia está extendida en ramas administrativas públicas u oficiales. En otras palabras, conforman multitud de puestos de funcionariado con la misión de garantizar el correcto funcionamiento de la Administración.

A menudo suele identificarse este concepto con el del profesional de tesorería, presente tanto en el contexto público como el privado.

La diferencia entre ambos perfiles reside básicamente en que la labor del tesorero se centra en el aspecto más económico y contable, mientras que un interventor abarca una valoración de procesos más amplia.

Las obligaciones profesionales de todo interventor pasan por el control y fiscalización de la legalidad de los gastos e ingresos públicos. Al tiempo se encargan de la adecuación de distintos procesos públicos con su correcta contabilidad.

Adicionalmente, en el contexto del sector público, el interventor debe asumir algunas características que definen su labor:

• Personalidad física y jurídica: Es posible encontrar perfiles interventores tanto en individuos como en agrupaciones que disfrutan de dicha designación pública.
• Formación y dominio de distintas disciplinas: Dependiendo del área en que desarrolle su tarea, el interventor debe estar especializado en su correspondiente normativa.
• Capacidad específica para la resolución de confrontaciones: Debe ser capaz de enfrentar conflictos entre instituciones o distintos departamentos.
• Control y gestión de recursos públicos: La mayoría de procesos en los que el interventor participa tienen su origen en los fondos del Estado.
• Nombramiento oficial: Este tipo de puestos oficiales está controlado por instituciones públicas. En el caso de España la designación de interventores en ayuntamientos o comunidades autónomas es responsabilidad del Tribunal de Cuentas.
• Acceso mediante oposición: Habitualmente el desempeño de este tipo de cargos responde a concursos públicos u oposiciones.
• Solidaridad: Siguiendo la naturaleza del cargo, estos profesionales desarrollan su labor centrada en recursos públicos, por lo que no son propietarios. Por ello debe garantizar su empleo correcto y la mejora del bienestar social.

Si bien es cierto que en la mayoría de ocasiones cuentan con dicha potestad para representar entes u organizaciones, al mismo tiempo no disfrutan de poder de decisión en términos de legislación o toma de acciones en algunos ámbitos como las elecciones.

Ejemplo de ello es la presencia de interventores con carácter político en procesos electorales y jornadas de voto. En las mismas garantizan el derecho a voto y las condiciones democráticas de la jornada identificando anomalías o posibles fraudes de voto.

Su objetivo principal por ello es la vigilancia de todo el proceso para que el mismo se desarrolle en óptimas condiciones y de acuerdo a la ley. Simultáneamente defienden los intereses de un determinado grupo o partido político al que representan en dichos eventos.

Para ello cuenta con la posibilidad de realizar reclamaciones formales a la mesa electoral mostrando posibles desacuerdos u observaciones críticas.