La responsabilidad penal en el ámbito fiscal es la consecuencia que sufre el sujeto pasivo por la comisión de los delitos fiscales. Esta responsabilidad consiste en el pago de multas pecuniarias o en penas de cárcel.
Si el sujeto pasivo de una obligación tributaria comete alguno de los delitos fiscales como la defraudación tributaria, o el delito contra la Hacienda Pública, tendrá responsabilidad penal. Esto significa que podrá tener penas privativas de libertad y no solamente se considera una infracción administrativa, sino que se trata de la comisión de un delito. Para ello, debe haber cometido un hecho contra el orden público.
Llama la atención que, dentro del derecho tributario, que pertenece a la jurisdicción administrativa, se involucre el derecho penal, lo que conlleva la inclusión de la jurisdicción penal. También implica la aplicación de los principios penales a una relación administrativo-tributaria.
La conducta típica que constituye el delito fiscal consiste en la infracción de la norma tributaria, incurriendo el sujeto en cuestión en evasión fiscal.
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¿Quién puede tener responsabilidad penal? Tanto las personas jurídicas como las personas físicas, como sujetos pasivos de la obligación tributaria, pueden tener responsabilidad penal.
Delitos fiscales
Los delitos que hacen que nazca la responsabilidad penal son:
- Delito contable: Hacer contabilidades distintas ocultando o simulando la situación económico-financiera de la empresa por parte de quien esté obligado por la ley tributaria a llevar la contabilidad mercantil o libros contables.
- Delito de contrabando: Consiste en introducir en el país o sacar de él productos sin pagar las contribuciones obligatorias.
- Defraudación tributaria: Consiste en la evasión del pago de tributos al sujeto activo.
- Delito contra la Hacienda Pública: Engañar a la Hacienda Pública provocando un daño patrimonial, evadiendo impuestos o disfrutando de beneficios fiscales indebidos.
- Delito de fraude: Evadir el cumplimiento de tributos, no declarar tributos, etc.
- Defraudar a la seguridad social.
¿Qué se protege con la imposición de responsabilidad penal?
La contribución a la sostenibilidad del Estado mediante el pago de impuestos por parte de todos los ciudadanos por los actos establecidos por ley es un principio básico de un Estado de derecho. El hecho de no pagar los impuestos debidos constituye un fraude fiscal.
Las actividades del poder tributario son de interés jurídico y por eso debe ser titulado. Imponer responsabilidad penal ante la evasión fiscal significa:
- Proteger la consecución de ingresos públicos.
- Proteger el principio de capacidad económica.
- Tutelar la actividad de emplear los recursos públicos obtenidos en la esfera del gasto público.
¿Qué ocurre con el procedimiento administrativo cuando se inicia el proceso penal?
Una vez que se comete uno de los delitos fiscales, el procedimiento administrativo se paraliza hasta que finalice el penal. Por lo que parece que, una vez que comienza el proceso penal para juzgar un delito fiscal, este proceso prevalece ante la infracción administrativa que se estuviese juzgando.
