En un mundo cada vez más globalizado, los fondos de pensiones están multiplicando su patrimonio y llevando sus inversiones a países cada vez más lejanos. En las últimas décadas se han convertido en la opción preferida de ahorro para muchos ciudadanos, y cuentan con un atractivo potencial de crecimiento.
Según el último informe de Inverco sobre los fondos de pensiones publicado en el mes de septiembre, los fondos españoles han alcanzado una rentabilidad interanual del 1,26% en agosto, volviendo a los beneficios tras las pérdidas registradas durante el verano. Al mismo tiempo, la patronal europea del sector de capital riesgo (Invest Europe) afirmaba que el entorno de bajos tipos de interés estaba despertando un renovado interés de los fondos de pensiones en empresas de capital privado, lo que supone un mayor protagonismo para este tipo de inversores en la dinámica de la economía real. Mientras tanto, el progresivo envejecimiento en los países desarrollados aumenta el atractivo de este tipo de fondos para los ciudadanos.
En España, un país donde tradicionalmente el papel del Estado ha sido determinante en el sistema de pensiones, el desarrollo de estos fondos no ha alcanzado aún el de otros países (como Holanda o Reino Unido), a pesar de haber una cierta preocupación en toda la sociedad por la sostenibilidad del modelo actual. Por el contrario, los fondos de pensiones son esenciales para entender las economías escandinavas, a pesar de contar también con un alto grado de intervención pública. Algo similar ocurre con los fondos privados en el mundo anglosajón. Así, los planes de pensiones abren un debate en todo el mundo entre la esfera pública y la privada, sobre la conveniencia de un sistema generalizado de reparto o de fondos de capitalización individual, cada uno con sus ventajas y desventajas.
El primer argumento a favor de los fondos de pensiones privados es su rentabilidad, ya que se trata de entidades que están especializadas en buscar constantemente nuevas alternativas de inversión para sacar el máximo rendimiento con un mínimo de riesgo. A diferencia de los fondos públicos, que en muchas ocasiones destinan sus recursos a la adquisición de deuda pública para reducir el coste de financiación del Estado (aunque estos títulos puedan tener incluso rentabilidades negativas, en el actual contexto de tipos de interés cercanos a cero), la perspectiva de beneficios es fundamental en la toma de decisiones de los fondos privados. Además, los intereses generados por sus inversiones también se añaden parcialmente al capital aportado, lo cual favorece a los contribuyentes ya que aumenta su patrimonio y les permite jubilarse con pensiones más elevadas en el futuro.
Otro aspecto positivo sería el de la equidad, ya que se trata de un sistema donde cada contribuyente recibirá una pensión acorde a lo aportado a lo largo de su vida. El sistema público español de reparto, en cambio, está basado en la financiación de las prestaciones actuales con las aportaciones de los trabajadores activos, lo que significa que el importe de las jubilaciones dependerá de la situación del mercado laboral en cada momento. De esta manera, un jubilado podría haber cotizado relativamente más durante sus años activos pero verá reducida su pensión si crece el desempleo, o si el envejecimiento de la población va mermando paulatinamente la población activa del país. Un plan privado, en este sentido, sería más equitativo ya que liga más directamente cada pensión a las aportaciones realizadas por el trabajador.
Adicionalmente, los problemas ya mencionados (es decir, el retroceso demográfico y el crecimiento del desempleo) han provocado cambios en la legislación de varios países europeos en materia de pensiones. La mayoría de estas reformas se han dirigido al aumento de la edad de jubilación y, en el caso de España, a supeditar las revisiones por inflación a la situación financiera de la Seguridad Social cada año. Como es lógico, esto supondrá una reducción en las prestaciones futuras, y evidencia la inseguridad que pesa sobre el sistema de pensiones público, especialmente en tiempos de crisis. El privado, si bien está sujeto a una regulación específica, parece estar mucho menos supeditado a los vaivenes del poder político. El mejor ejemplo es probablemente el Fondo de Reserva, gestionado por el Estado español y reducido en un 77% desde 2011, al poder disponer libremente de él las autoridades políticas. En el extremo contrario tendríamos el fondo noruego de pensiones (Statens Pensjonsfond Utland), de carácter público pero gestionado de forma privada por el banco NBIM, y cuya disposición para el gobierno está limitada a los intereses y un 4% anual del capital. De esta manera, mientras el Fondo de Reserva podría desaparecer en 2019 las pensiones noruegas están garantizadas, a pesar de que la economía escandinava es especialmente sensible a la caída de precios del petróleo.
Por otra parte, la implantación de planes privados suele aportar mayores garantías de sostenibilidad ya que se estructuran a nivel individual, es decir, que cada contribuyente financia hoy sus propias pensiones futuras. Aunque esta afirmación podría extenderse también a cualquier sistema de capitalización (incluso siendo público), la independencia de la clase política, cuyos objetivos a veces se plantean de forma ideologizada o cortoplacista, se convierte en un factor esencial para asegurar que el sistema sea sostenible a largo plazo.
A nivel macroeconómico, los planes de pensiones privados también tienen efectos positivos sobre el crecimiento de muchos países ya que su variedad permite ofrecer una gama más amplia de alternativas de ahorro al público, dada la existencia de distintos perfiles inversores. Esto se traduce en una diversificación de las inversiones que permite dirigir los recursos financieros a otros sectores de la economía, como las infraestructuras o el consumo minorista. Además, en algunos países del norte de Europa muchos de estos fondos invierten preferiblemente en el extranjero, lo cual garantiza su solvencia en el caso de una crisis en su país de origen, el cual por su parte verá su balanza de pagos beneficiada año tras año por los beneficios procedentes de esas inversiones. De esta manera, una mayor variedad de planes de pensiones suele ser positiva tanto para la economía real como para el sector exterior. Estas ventajas explican el apoyo a estos fondos en algunos de los países más desarrollados del mundo (Australia, Holanda), mientras que en otros con una renta per cápita inferior (España, Italia) el patrimonio de estas entidades todavía tiene un peso más reducido con respecto al PIB.
No obstante, los planes privados de pensiones también presentan inconvenientes. Uno de ellos es la incertidumbre ligada a la propia existencia del fondo contratado, ya que en caso de insolvencia los contribuyentes podrían perder sus aportaciones. Por otra parte, si bien es cierto que estos fondos no dependen directamente del Estado y que su marco legal está determinado en buena medida por la UE, su fiscalidad está sujeta a los cambios en el poder político y suele ser, además, un campo en el que las opiniones están fuertemente ideologizadas. Por lo tanto, los planes privados suelen conllevar una mayor inseguridad jurídica, incluso en los países más estables.
Por otra parte, la dinámica que da sentido a estas entidades (es decir, que los recursos aportados deben ser invertidos para hacer crecer el patrimonio del fondo) hace que su éxito dependa exclusivamente de su rentabilidad. En tiempos de bonanza económica esto no supone ningún problema, ya que para ellas no es difícil sacar rendimientos de sus inversiones y así pueden garantizar pensiones más elevadas (ya que los contribuyentes no sólo recibirán el capital aportado sino también una parte de los beneficios). Sin embargo, en un contexto de recesión económica las decisiones de un fondo podrían provocar pérdidas, y esto significaría una reducción del patrimonio de los cotizantes. Es así como los fondos privados cuentan con un importante riesgo de mercado, presente también en los públicos aunque en menor medida.
Por último, también es importante destacar que si se trata de un sistema de pensiones donde los planes privados sustituyen (en lugar de complementar) a los públicos, probablemente existiría un aumento significativo de la desigualdad social. Teniendo en cuenta que los clientes de los fondos privados suelen ser los ciudadanos de rentas más elevadas, el sistema público podría sufrir la pérdida de sus mayores contribuyentes y entrar en déficit. En un sistema de reparto como el actual, esto se traduciría indudablemente en una reducción de las pensiones del resto de los cotizantes, es decir aquéllos con rentas más bajas. Por lo tanto, si las pensiones privadas sustituyeran a las públicas (o si éstas últimas adoptaran un sistema de capitalización) posiblemente aumentaría la diferencia de nivel de renta entre los ciudadanos que más y menos han aportado. No obstante este efecto se evitaría si los planes privados funcionaran como un complemento de los públicos, como ocurre en la mayor parte de los países europeos en la actualidad.
En conclusión, podemos decir que los fondos de pensiones son una realidad que se va consolidando en los países más desarrollados del mundo, especialmente en el ámbito anglosajón y escandinavo. Su uso más o menos generalizado parece depender de multitud de factores, desde el nivel de ahorro en la economía hasta la seguridad jurídica, pasando incluso por la tradición cultural de cada país. Aún así, con sus luces y sombras, en Europa todavía pueden ser una alternativa viable para garantizar a largo plazo la prosperidad de un continente cada vez más envejecido.
