Los 80, una época económica difícil para España

Pese a que en 1974 España se situaba como la décima potencia industrial a nivel mundial, se hacía necesario afrontar la crisis industrial. Esto afectaba tanto a empresas públicas como privadas. Y es que, antes de la transición, España vivía en un sistema autárquico (con permiso del Plan de Estabilización) en el que el estado tenía el control de importantes sectores productivos. Esto significaba que el sector público estaba soportando importantes costes de empresas estatales no competitivas que solo se mantenían gracias al proteccionismo del Estado.

Con España acercándose a un nivel de desarrollo muy próximo al de los países más desarrollados y la economía avanzando hacia un proceso de mundialización, era evidente que había que adaptar su industria a los nuevos tiempos. Había que sacar a las empresas españolas del pasado autárquico e integrarlas en el comercio internacional. Así pues, la modernización y adaptación de la industria española requerían duros ajustes que implicaban reestructuraciones y recortes de plantilla. Fue en la década de los años 80 cuando se llevaron a cabo estas duras e impopulares medidas.

Como anteriormente explicábamos, el Estado, a través del Instituto Nacional de Industria (INI), había asumido el control de importantes sectores industriales. Las zonas más industrializadas se ubicaban en lugares como en los astilleros de Cádiz, Ferrol y Cartagena (en este último lugar tenía un gran peso la industria química). Por otra parte, en Asturias se concentraba la minería y el acero. También en Bilbao y en Sagunto tenían un gran peso las industrias del metal.

Las empresas estatales del sector industrial arrastraban enormes pérdidas que suponían el 1,5% del producto interior bruto (PIB). Por ello, el estado necesitaba desprenderse de estas empresas para poder sanear sus cuentas. Los sectores que con mayor rigor sufrieron este proceso de reconversión fueron la minería, la siderurgia y los astilleros.

La batería de medidas a aplicar era la siguiente:

• Lograr un ajuste efectivo de la oferta a la demanda.

• Reestructuración de las plantillas.

• Saneamiento de las finanzas de las empresas industriales.

• Una clara apuesta por la especialización.

• La introducción de nuevos métodos de organización y gestión en las empresas.

El desmantelamiento de buena parte de la industria española trajo consigo un fuerte rechazo social. Tal fue la conflictividad social que provocaron que, ante el cierre de empresas, el desmantelamiento de centros productivos y la oleada de despidos, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) convocaron dos huelgas generales en 1985 y 1988. Sin embargo, las exigencias marcadas desde la Comunidad Europea provocaron que el proceso de reconversión se acelerase.

Las consecuencias sociales de esta dura reconversión no tardaron en hacerse sentir. El cierre de las empresas trajo consigo despidos, lo que provocó un notable incremento de la población desempleada, mayores niveles de endeudamiento, así como una disminución de la producción y de los beneficios.

En este contexto de conflictividad social y de dificultades económicas se produjo otro hecho de gran trascendencia económica. En 1983, el Gobierno de España, ante la situación de riesgo financiero que atravesaba RUMASA, decidió expropiar el gran holding empresarial que aglutinaba a cientos de empresas, contaba con varios bancos y daba empleo a más de 60.000 personas. Si la empresa se iba a la quiebra, podía suponer un gran riesgo para la economía nacional.

La delicada situación patrimonial, las ausencias de auditorías que garantizasen la supervisión de sus cuentas y la negativa a someterse a las inspecciones del Banco de España terminaron propiciando que el gobierno expropiase RUMASA. Finalmente, el gran holding que tiempo atrás había poseído la familia Ruiz-Mateos, fue privatizado y vendido por partes.

Más allá de la reconversión industrial y de la expropiación de RUMASA, otro acontecimiento económico de gran calado fue la reforma fiscal. Ya iniciada durante la presidencia de Adolfo Suárez, esta reforma buscaba implementar un sistema impositivo similar al de los países desarrollados. Todo ello pasaba por una redistribución de los tributos, lo que se tradujo en que las clases medias se vieron obligadas a pagar mayores cantidades en impuestos. Esta mayor recaudación se destinó a un mayor gasto en servicios sociales, pensiones, infraestructuras y dinamización de la economía.

Sin duda alguna, los años 80 estuvieron marcados por un duro proceso de reconversión industrial, el cierre de numerosas empresas, la destrucción de empleo y una serie de medidas de modernización de la economía que fueron acompañadas de grandes protestas sociales.