Los derechos de exportación han sido un instrumento tradicional de la política económica para recaudar impuestos, pero, ¿pueden contribuir también a reducir la inflación? ¡Veámoslo!
Por «derechos de exportación» entendemos un gravamen que el Estado impone sobre las ventas realizadas al extranjero. De esta manera, los exportadores deben pagar una parte del importe facturado a la autoridad fiscal, normalmente a través de las aduanas.
Tradicionalmente, estas retenciones han sido utilizadas por los gobiernos como una medida recaudatoria. Especialmente, en las economías dependientes de la exportación.
Sin embargo, no solo aportan recursos, sino también divisas. Recordemos que, en muchos casos, el exportador debe liquidar el impuesto en la moneda del contrato. Eso significa, por ejemplo, que si la venta se ha realizado en dólares, las retenciones también se aplicarían en esa divisa.
Nos encontramos, por tanto, ante un instrumento que aporta recursos y divisas extranjeras a los gobiernos. Además, también podría contribuir a reducir la inflación, aunque este punto, como veremos, no está exento de controversia.
Precios y déficit fiscal
Si el Estado retira dinero de circulación, aumenta el poder adquisitivo del efectivo en manos del público
En general, suele asociarse el déficit público a un aumento de los precios. ¿Por qué? Porque el desfase entre ingresos y gastos puede financiarse con emisiones de deuda estatal. Unos títulos que el público adquiere entregando, a cambio, una parte de su capital ahorrado.
Eso significa que una parte del ahorro privado no se dirige a inversión (como suele ocurrir), para producir bienes y servicios. En su lugar, se gasta en consumo público. A nivel macroeconómico, esto tiende a aumentar la demanda agregada de bienes de consumo y ralentizar el crecimiento de la oferta.
En otras palabras, se desvían recursos de la producción futura al consumo inmediato. Al haber más demanda y menos oferta, suele haber una presión al alza de los precios.
Por otra parte, si en lugar de financiar el déficit con deuda se emite dinero nuevo, el efecto inflacionario suele ser aún mayor. El dinero pierde poder adquisitivo, y en consecuencia, todos los bienes denominados en esa moneda tienden a subir de precio.
En este sentido, debemos recordar que las retenciones a la exportación ayudan a incrementar los ingresos del Estado. Como esto reduce el déficit, se limitan las fuentes de emisión monetaria y de deuda pública. Así, se alivia la presión sobre los precios.
Podemos entender mejor este efecto si el gobierno consigue, incluso, un superávit fiscal. En este caso, los ingresos por impuestos superan los gastos del Estado. Por lo tanto, el sector público no devuelve a la economía todo el dinero que absorbe.
En esas condiciones, el Estado estaría retirando dinero de circulación, aumentando el poder adquisitivo del efectivo en manos del público. Los precios, por lo tanto, tenderían a bajar. La contrapartida es que, en algunos casos, puede haber también un efecto recesivo sobre la actividad económica.
El papel de las reservas internacionales
Algunas monedas tienen poca aceptación en los mercados internacionales, lo que empuja a sus gobiernos a buscar alternativas para hacerse con divisas «fuertes»
Otra forma de luchar contra la inflación, aunque con menos acuerdo entre los economistas, es la obtención de divisas. Como hemos explicado, los derechos de exportación suelen liquidarse en la misma moneda de la operación. Así, el Estado ingresa los saldos en las monedas más utilizadas en el comercio internacional: dólares, euros, etc.
En economías libres, esto no supone una gran ventaja, ya que el gasto público suele realizarse en la divisa del propio país. Y si el Estado necesita moneda extranjera, puede obtenerla en el mercado, entregando a cambio divisa nacional.
El problema es que algunas monedas tienen poca aceptación en los mercados internacionales. Por ello, los gobiernos que las emiten tienen grandes dificultades para adquirir moneda extranjera.
Ahora bien, ¿para qué un gobierno necesitaría tanta cantidad de divisas? Recordemos que muchos de estos países tienen monedas inestables. Eso significa que, si la cotización de la divisa cae demasiado, los bancos centrales actúan en el mercado para «defenderla». Para ello, necesitan reservas en moneda extranjera.
Si no pudieran hacerlo, la moneda seguiría devaluándose, lo que incrementaría el precio de los productos importados. Por ese motivo, los impuestos a la exportación podrían evitar (indirectamente) el supuesto efecto inflacionista de las devaluaciones.
Sin embargo, existen objeciones a este punto de vista. Para muchos economistas, el origen de la inflación es la emisión monetaria previa, no la devaluación. La depreciación de la moneda sería, entonces, una consecuencia, no la causa del problema.
Otro argumento en contra es que estos impuestos perpetúan la intervención del Estado sobre el mercado cambiario. Es decir, que si no tuvieran divisas suficientes, los gobiernos se verían obligados a liberar las restricciones y dejar que la moneda fluctúe. Lo cual, normalmente, suele presionar a los políticos para que limiten la emisión de dinero y deuda pública.
¿Se pueden redirigir las ventas para luchar contra la inflación?
La reorientación de las ventas da por supuesto que el producto tiene la misma demanda en todos los países, lo cual, en muchos casos, no ocurre
Por último, también se suele argumentar que los derechos de exportación permiten proveer mejor el mercado doméstico. Esto ocurriría cuando un producto se vende más caro en el extranjero que en el país.
En ese caso, los empresarios tendrían un incentivo para exportar. En consecuencia, habría menos oferta disponible en el mercado doméstico, lo que haría subir los precios.
Naturalmente, los derechos de exportación no pueden cambiar los precios internacionales. Pero reducen la rentabilidad del exportador, y, por tanto, sus incentivos a vender en el extranjero.
De esta manera, los empresarios podrían destinar una mayor parte de su producción a los consumidores nacionales. La oferta disponible aumentaría, y los precios tenderían a bajar.
No obstante, este argumento tampoco está exento de dificultades. Recordemos que, si los precios internacionales de un producto suben, sus factores de producción suelen encarecerse también.
Eso significa que los empresarios verían aumentar sus costes, sin un crecimiento de los ingresos. Si venden en el país, lo hacen a precios demasiado bajos. Y si exportan, pierden rentabilidad por los impuestos. Ante este dilema, muchos pueden dejar de producir.
Además, la reorientación de las ventas da por supuesto que el producto tiene la misma demanda en todos los países. Lo cual, en muchos casos, no ocurre.
Un ejemplo de esto es la carne bovina. Dependiendo de la gastronomía del país, algunos cortes son más demandados que otros. Por ello, un ganadero podría vender un corte A en el extranjero y un corte B localmente, pero no al revés.
En este caso, un aumento de los derechos de exportación reduciría la rentabilidad del corte B, y, por tanto, de cada vaca. El resultado podría ser que se criaran menos vacas, desabasteciendo al país del corte A. Justamente el efecto contrario al deseado.
Los impuestos a las exportaciones: un instrumento en desuso
Incluso en los países donde se aplican, se suele optar por gravámenes que no resulten excesivos
Quizás sea por estas controversias que, en gran parte del mundo, los derechos de exportación se encuentran en desuso. Incluso donde existen, suelen imponer gravámenes relativamente bajos, para distorsionar lo menos posible la actividad económica.
De hecho, según datos del Banco Mundial, en apenas 10 países estas retenciones aportan más del 1 % de la recaudación fiscal. Entre ellos, solo 5 superan el 10 %.
Además, como podemos observar en la gráfica, en estos casos los derechos de exportación se encuentran por debajo de la presión fiscal media de la economía. Ello se deduce de que las exportaciones contribuyen más al PIB que a los ingresos del Estado.
Sin embargo, no debemos olvidar que, en muchos casos, los exportadores también están sujetos a otros impuestos. Ese es el motivo por el cual, en general, se prefieren gravámenes moderados. Dado que, si sumáramos el efecto conjunto de todos los impuestos, los exportadores podrían verse más castigados que el resto de empresarios.
Como consecuencia, la actividad exportadora podría verse excesivamente perjudicada, sin una compensación en el mercado interno. Al caer la rentabilidad de las ventas exteriores, se resentirían la producción y el empleo.
En conclusión, podemos decir que los derechos de exportación, si bien fueron ampliamente utilizados en los siglos XIX y XX, hoy se encuentran en vías de desaparición. Incluso en los países donde se aplican, se suele optar por gravámenes que no resulten excesivos. Por supuesto, también hay excepciones, como los países de la gráfica superior.
En cualquier caso, se trata de un instrumento muy polémico, que suele dividir a los economistas. Por ello, desde Economipedia ofrecemos este análisis a nuestros lectores, para que puedan entender las razones de cada lado y sacar sus propias conclusiones.
