El lawfare o guerra jurídica consiste en la utilización del poder judicial para desacreditar o atacar a los adversarios políticos.
¿En qué consiste?
El origen del término lawfare proviene de una combinación de palabras inglesas: law (ley) y warfare (situación de guerra).
Las formas posibles de lawfare son muy diversas. Es posible emplear el poder judicial para torpedear la carrera de los rivales políticos, acosarlos desde el punto de vista financiero o incluso para hacer caer gobiernos.
Si la guerra judicial se emplea para provocar la caída de un gobierno, estaríamos ante lo que se conoce como “golpe blando”. Esto significaría que un gobierno ha sido depuesto sin recurrir a las fuerzas armadas.
Características
Entre los rasgos esenciales del lawfare cabe señalar los siguientes:
- Utilización del poder judicial para alcanzar un objetivo político concreto. El poder judicial no aplica correctamente la ley, sino que la aplica con fines políticos.
- Debe haber un acuerdo entre el poder judicial, funcionarios, lobbys y un sector de las altas cúpulas políticas.
- Tiene un impacto significativo en la gobernabilidad del país y en la política.
- Su finalidad no es judicial. Se pretende atacar o debilitar a gobiernos, personalidades políticas o partidos políticos.
- No solo se emplea para atacar a un gobierno, sino que también se considera lawfare si se utiliza el poder judicial contra partidos políticos de la oposición.
Contexto
Para que el lawfare o guerra jurídica se produzca, debe producirse un contexto político y judicial determinado. Estas son las circunstancias o los requisitos de partida que pueden dar lugar a la llamada guerra jurídica:
- Nombramiento, traslado, ceses o renuncias forzadas de jueces a propósito para una situación determinada.
- Distorsión de las normas aplicadas por parte de jueces y fiscales.
- Incumplimiento o alteración en las distintas fases de los procesos judiciales.
- No existe un criterio claro y específico a la hora de aplicar la normativa vigente.
- Los funcionarios son condicionados con recompensas o reciben amenazas y presiones para aplicar la ley de una determinada forma.
¿Cómo se hace el lawfare?
En primer lugar, para emprender una guerra jurídica es necesario disponer de un caso judicial contra un rival político. De este modo, la justicia es utilizada como arma política.
A través de un juicio, los poderes políticos e incluso económicos pueden desprestigiar y desmoralizar a un determinado sector político. De este modo, la maquinaria judicial del Estado no aplica correctamente la ley, sino que la utiliza para alcanzar unos objetivos políticos concretos.
Por otra parte, cabe mencionar que los medios de comunicación también pueden jugar un papel importante en la guerra jurídica. Así, la prensa dará cobertura de manera masiva a este proceso judicial, pudiendo llegar incluso a la manipulación informativa.
En el marco de la lawfare se producen situaciones de manipulación informativa, dando lugar a la difusión de las denominadas “fake news”. Se trata de un proceso de linchamiento judicial y político que puede conducir al rival a prisión y al colapso financiero.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el proceso judicial debe ser de alta intensidad y larga duración. De este modo, se minará la moral y los recursos del adversario político.
Formas de hacer lawfare
Para desprestigiar y hacer caer a los rivales políticos, las formas de recurrir al lawfare son muy diversas. Entre ellas, las más destacadas son:
- Utilización del derecho para conseguir objetivos políticos.
- Manipulación del poder judicial.
- Abuso del derecho para desprestigiar al adversario político.
- Utilización de los medios de comunicación para difamar al oponente político.
- Críticas a la legalidad internacional como recurso para hacer frente a los abusos del Estado.
- Emplear la ley para desacreditar al rival político.
- Utilizar represalias hacia aquellos oponentes que intenten valerse de recursos legales que les protejan de la guerra jurídica.
- Buscar la persecución financiera de los oponentes políticos.
Lawfare y derechos humanos
El acoso judicial contra el rival político suele estar relacionado con un grave deterioro de los derechos humanos. Esta distorsión del derecho puede terminar volviéndose contra los propios políticos y funcionarios.
Al no producirse una aplicación correcta de la ley, al buscar un objetivo político frente a la aplicación correcta de la justicia, se producen violaciones de los derechos fundamentales.
La judicialización de la política comienza con una acusación no necesariamente fundada, pero con gran impacto. A continuación, la difusión mediática del proceso judicial estigmatiza al rival político.
Así, la sentencia ya estará predeterminada. No importará si el adversario es verdaderamente inocente o culpable.
En definitiva, tan solo se está dando una apariencia de legalidad a lo que supone una persecución del oponente político.
