Los poderes públicos son aquellos que emanan del Estado y que tienen la capacidad de obligar y de hacer cumplir sus órdenes. Estos son el poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Cuando hablamos de lo público hablamos de algo que afecta a toda la población en su conjunto, lo relacionamos con las instituciones del Estado. Aunque ello depende del nivel territorial del que estemos hablando.
Por ello, el poder público es aquel que emana del Estado. Según el sociólogo Max Weber, el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, razón por la que los mandatos de los poderes del Estado son de obligado cumplimiento.
Grosso modo, el poder legislativo establece las reglas de juego, es decir, las leyes; el ejecutivo administra y gestiona su territorio; y el judicial vela para que se cumplan las leyes que dicta el legislativo y fiscaliza la acción del ejecutivo.
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Origen
Los poderes públicos, como los entendemos en nuestros días, surgen del Estado nación. Es decir, su idea no es antigua, apenas tiene tres siglos de validez. Fueron principalmente dos sus teóricos: John Locke y Montesquieu.
Locke estableció, en 1690, en tres los poderes públicos: el poder ejecutivo, legislativo y el federativo. Este último no es tan conocido, ya que no lo contempla la división actual. Su cometido es el de las relaciones exteriores, con todo lo que ello conlleva: diplomacia, declaraciones de guerra y defensa, acuerdos comerciales, etc.
Años más tarde, en 1748, fue Montesquieu quien estableció la clasificación definitiva de los poderes públicos, así como la defensa de su total independencia para asegurar un correcto funcionamiento de las instituciones. Quitó el poder federativo de Locke y añadió el judicial, que suponía la independencia entre el poder ejecutivo y la valoración de sus actuaciones.
¿Cuáles son los poderes públicos?
Los poderes públicos, como acabamos de mencionar, son tres:
- Poder legislativo: Lo componen los parlamentos de los países y son los que, representando a los ciudadanos, aprueban o rechazan las leyes que operan en el país. Puede ser unicameral, si solo tiene una cámara; o bicameral, si además posee un senado, la cámara de representación territorial. Las leyes aprobadas son totalmente vinculantes y pueden forzar su cumplimiento mediante la fuerza si es necesario.
- Poder ejecutivo: Corresponde al gobierno de un país. Su cabeza, el presidente, puede ser elegido por los ciudadanos de forma directa, como ocurre en los regímenes presidenciales. O de forma indirecta, por los legisladores, en los regímenes parlamentarios. Es el encargado de dirigir la acción gubernamental tanto dentro como fuera de las fronteras, así como la gestión diaria a través de la administración pública.
- Poder judicial: Está compuesto por los órganos judiciales del Estado. Su misión es la de impartir justicia en todos los litigios que presenten los ciudadanos. Pero, además, su independencia asegura que las acciones de los otros dos poderes no sean arbitrarias y obedezcan a la ley.
¿Cómo obliga el poder público?
El poder público, como ente abstracto que obliga a todos los ciudadanos a obedecer sus mandatos y disposiciones, es una idea que podría quedarse en la teoría sin algo que lo materialice.
En la práctica, quienes se encargan de esta tarea son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aunque cada país tiene su propia nomenclatura, su composición se puede dividir en dos: policía y ejército. Uno se encarga de fronteras hacia adentro, y el otro del exterior.
En última instancia, son estas fuerzas policiales quienes obligan al cumplimiento de los designios de los poderes públicos. Vamos a ver algún ejemplo clarificador.
Si una persona, violando la ley, agrede o roba a alguien por la calle, es la policía quien detiene a esta persona. Si el dueño de un local se niega a tener el volumen de su negocio por debajo del máximo permitido, la policía puede obligar al dueño a hacerlo o cerrar el establecimiento. Y, por último, si un juez dictamina una orden de busca y captura contra un ciudadano justificadamente, la policía es la encargada de detenerlo y ponerlo a disposición judicial.
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