Interés público
El interés público puede definirse como aquello que persigue una determinada comunidad, pensando en su propio beneficio. Suele ir acompañado de la acción estatal.
El interés público es un concepto muy abierto e indeterminado. Depende de multitud de variables y, en algunos casos, es totalmente subjetivo.
De forma general, lo consideramos como aquello que persigue un conjunto de personas, ya sea una comunidad, sociedad, región, Estado o un conjunto de ellos. Decimos que suele ir acompañado de la acción estatal, ya que las instituciones públicas son las representantes de los ciudadanos, y esta es la forma más ordenada y eficiente de perseguir acciones en beneficio de todos.
Cabe destacar que es un concepto aplicado al colectivo, el interés público es el interés de un conjunto de personas. Es por ello por lo que puede marginar y excluir a las individualidades que no comulguen con dicho interés.
Es, también, un concepto muy relativo. ¿Cómo sabemos que dicho interés es verdaderamente lo que quiere la comunidad? O mejor dicho, ¿son las medidas adoptadas las que van a conseguir dicho interés? Veamos un breve ejemplo.
Se conoce que el interés público es que un bien necesario como la vivienda sea más barato, pero, ¿cómo lo conseguimos?
Aquí es cuando entran en juego los diferentes partidos y fuerzas políticas. Para unos, la solución será la intervención y regulación del mercado, fijando unos precios máximos. Para otros, la construcción de viviendas para asegurar una mayor oferta y que bajen los precios.
Dicho esto, puede ser que el interés público esté bien definido, pero la forma en la que se consigue no sea la misma en función de los intereses de cada bando político.
El interés público y el derecho
Esta intención de buscar el interés general queda plasmada jurídicamente en las constituciones de algunos países. Por ejemplo, la Constitución Política de Colombia de 1991 recoge, en el artículo 1, que uno de los fundamentos del país es el interés general.
El artículo 128 de la Constitución Española recoge que toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Justificando así la herramienta de la expropiación, la intervención de empresas o la reserva de sectores económicos para el sector público.
El artículo 40 de la Constitución Política de Guatemala recoge que la expropiación de la propiedad privada podrá deberse a razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público.
Al igual que estos artículos recogen la existencia de este interés, las Administraciones Públicas son las encargadas de ejecutarlo y protegerlo. El único contrapoder del que disponen los ciudadanos a este criterio es el de los jueces. Acudir a los tribunales en caso de perjuicio es la única herramienta de la que dispone el ciudadano en caso de que le afecten negativamente las decisiones estatales.
Beneficios del interés público
Que exista un interés general por el que velen las instituciones ha traído, también, numerosos éxitos y avances. El acceso universal a la sanidad y a la educación es un ejemplo de ello.
También la política de seguridad: la lucha contra la delincuencia y el terrorismo son de interés público y es conveniente y deseable que se organice contra ello.
Lo mismo pasa con la defensa. La existencia de un ejército que proteja las fronteras del país frente a ataques extranjeros es algo que demanda el conjunto de la ciudadanía.
El interés público y las ideologías políticas
El interés público, como mencionamos al principio, depende de quien lo interprete. Así, cada fuerza política lo entenderá de una forma diferente. Hay que destacar que muchos partidos ideológicamente enfrentados pueden definir este interés de la misma manera, pero no comparten las soluciones que proponen para lograrlo.
Dividiendo a los partidos políticos en el tradicional eje izquierda – derecha, los partidos más orientados hacia la izquierda apostarán por la intervención estatal como medio para alcanzar dicho interés. Por el contrario, los partidos de derechas implantarán medidas intervencionistas en lo social, pero liberales en lo económico.
Vamos a ver algunos ejemplos de lo descrito.
Todas las fuerzas políticas de un país están de acuerdo en que es de interés general acabar con el paro; luchar contra los efectos adversos de las drogas en la población; acabar con la crisis económica; y proporcionar un ambiente óptimo de seguridad. No obstante, dependiendo de la fuerza política, las medidas propuestas por estos para alcanzar dichos objetivos variarán.
El liberalismo se opone a esta idea de interés público, pues defiende que cada individuo tiene su propio interés personal y que el interés general deriva del individual. Por tanto, el Estado no puede someter a ningún individuo para hacer cumplir los designios del colectivo. Por el contrario, el comunismo consiste en imponer las decisiones de la masa sobre el resto de colectivos, por despreciable que este sea contra el resto de la sociedad.
Críticas al interés público
Además de la crítica liberal, encontramos los crímenes realizados por los regímenes autocráticos. Regímenes como el nazi o el soviético realizaron numerosos crímenes de lesa humanidad en nombre del interés público.
La Alemania del III Reich definió que dicho interés era la supremacía alemana en el mundo y el exterminio de etnias, razas y grupos como los judíos, los rusos, gitanos, homosexuales, etc. Ello trajo consigo el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
Por su parte, la URSS creyó que el interés general era el de acabar con toda figura de poder que no fuera el partido, la destrucción y expropiación de la propiedad privada y la igualdad real de toda la población. Lo que produjo millones de muertes por hambrunas y asesinatos de opositores a la revolución.
Es por ello por lo que el interés público ha de estar siempre formulado desde el respeto de la libertad de cada individuo.
